El juez federal Sebastián Casanello ordenó determinar si Lázaro Báez entró a la residencia presidencial de Olivos entre 2010 y 2013. Además requirió a la Secretaría General de la Presidencia un informe de las líneas telefónicas asignadas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para un entrecruzamiento de llamados.
Casanello ordenó estas medidas de prueba a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero al mismo tiempo rechazó las apelaciones de la UIF y de la Oficina Anticorrupción (OA) a su decisión delrechazar por falta de pruebas convocar como imputada a la ex presidenta en esta causa.
Ambos organismos reclaman la citación a declaración indagatoria de la actual senadora Kirchner en la investigación de la llamada "ruta del dinero K", vinculada al blanqueo ilegal mediante hechos de lavado de activos del dinero que las empresas de Báez obtuvieron por la asignación de obra pública en su gobierno, según el oficio judicial al que accedió Télam.
Casanello dispuso determinar si Báez o alguno de los demás procesados en la causa ingresó a la residencia presidencial entre 2010 y 2013 y también si lo hicieron a otros organismos públicos como la Procuración General de la Nación, AFIP, Banco de la Nación y Banco Central y el entonces Ministerio de Planificación Federal a cargo del ahora detenido Julio De Vido.
En tanto los organismos mencionados deberán informar "si se recibió en esas dependencias a Lázaro Antonio Báez y/o alguno de los coimputados en autos o personas de su entorno. En caso afirmativo, deberá acompañar las constancias que acrediten tal extremo".
Una vez que se reciban los informes de las líneas telefónicas de la ex mandataria, el juez dispuso un "entrecruzamiento de llamadas" entre las líneas de Báez y su "entorno cercano" y las de Cristina Fernández de Kirchner y sus principales colaboradores.
