Dispusieron restricción perimetral al dueño de la gaseosa Manaos por ataques a la comunidad Guaycurú

Una jueza de Santiago del Estero ordenó a Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosa Manaos, que se abstenga de aproximarse a viviendas o lugares de trabajo y estudio de la comunidad guaycurú Iaku Cachi de Bajo Hondo, en el este provincial, donde el empresario fue denunciado penalmente por reiterados intentos de desalojo violentos.

La jueza Rosa Falco dispuso las restricciones, que rigen para ambas partes en un radio de 500 metros, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Natalia Gramajo en representación de la comunidad contra Canido y dos allegados, Ladislao Letonai y Adrián Corico, señalados en esas denuncias como sicarios.

"Esta es la primera respuesta judicial efectiva durante este largo año de ataques periódicos y violentos, y en la misma se reconoce en este conflicto territorial a la comunidad como poseedora ancestral", dijo hoy a Télam la abogada Gramajo, integrante del equipo jurídico del movimiento campesino santiagueño Mocase-VC.

Entre julio y septiembre últimos, la comunidad Iaku Cachi y el Mocase-VC denunciaron judicialmente varios intentos de desalojo violentos que atribuyeron a grupos armados al servicio de Canido, en el más grave conflicto de tierras de este año, según la evaluación del Comité de Ermergencia de la Jefatura de Gabinete provincial.

Por el último de estos ataques, perpetrado por unas 15 personas el 24 de septiembre de este año, Canido fue denunciado ante el juez Darío Alarcón por instigar la destrucción de viviendas e instalaciones, el envenenamiento de pozos de agua y heridas causadas a un poblador, entre otros delitos.