El viraje del Gobierno nacional, que pisó el freno respecto del proyecto original de expropiación de la cerealera Vicentin, generó cierta expectativa entre los accionistas de la empresa santafesina, quienes se mostraron abiertos a la posibilidad de sentarse a discutir una conducción mixta del grupo agropecuario.
"Si mixta significa que el Estado capitalice sus acreencias en el marco del concurso y que todos sus acreedores estén de acuerdo y el juez lo considere, no es un problema", indicaron fuentes de la firma consultadas por Vía País.
Así, aunque hay voces en la empresa que critican el plan alternativo que presentó el gobernador Omar Perotti, se abrió una posibilidad para intentar una negociación entre las partes.
De todas maneras, desde la firma aclararon que "lo que no se acepta es ningún tipo de intervención o expropiación que atente contra el derecho de propiedad y contra el derecho de los accionistas a ejercer el directorio, tal cual lo ratificó el juez del concurso".
Tras el revés judicial que afrontó la primera intervención que dispuso el presidente Alberto Fernández, por la decisión del juez Lorenzini de reponer a los administradores originales y de darles solamente rol de veedor a los enviados del Gobierno nacional encabezados por Gabriel Delgado, y tras el banderazo del sábado, el único camino para no alimentar conflictos políticos es retomar la negociación con los dueños de Vicentin. "La idea de convertir a Vicentin en una empresa mixta es posible si ello se estructura como una propuesta de acuerdo preventivo para ofrecérselo a los acreedores, dentro del proceso judicial de concurso preventivo, y que ello conforme el 'acuerdo preventivo judicial' que finalmente homologue el juez", explicó a este medio Daniel Roque Vítolo, profesor titular de la UBA, autor de la Ley de Quiebras y abogado de empresas.
Agregó que “para ello es necesario un acuerdo entre los actuales accionistas y el Gobierno nacional para estructurar el plan de rescate capitalizando los créditos del Banco Nación y de la Afip, y estableciendo clases de acciones diferentes para los privados y para el Estado, y un régimen de administración equilibrado en el cual participen ambos con un management profesional altamente especializado”.
En esa línea se pronunció el también especialista y profesor de Derecho Concursal de la UBA Marcelo Haissiner. "La famosa sociedad mixta de la que se habla implica que parte de las acciones vaya a manos del Estado. Eso se concretaría, pero no con un procedimiento forzado, sino en el caso de que Vicentin aceptara entregar parte de sus acciones por un aporte de capital o por la resignación de los créditos", explicó.
“Lo que se propone es que el Estado le compre una parte de las acciones”, remarcó Haissiner.
Cualquier negociación dependerá de la información que convalide el juez en su trabajo. Pero, para Vítolo, "mientras tanto, con un dictamen favorable del comité de acreedores y del síndico, los accionistas y el Estado podrían celebrar perfectamente un acuerdo de administración transitoria de la empresa con participación de ambas partes y con un plan de negocios inmediato (una suerte de "standstill agreement") para preservar la integridad de los activos y para proteger el patrimonio".
Recalculando
El multitudinario banderazo del pasado sábado pareció apaciguar los ánimos del Gobierno nacional para avanzar sobre Vicentin y ahora se apela a un proceso menos intempestivo, que permita sosegar el humor social, fundamentalmente de los sectores del campo, y reabrir la mesa de negociación para que la compañía se transforme en mixta y con conducción estatal.
En esa línea, el jefe del Estado se decidió en las últimas horas a darle tiempo a la propuesta que preparó Perotti, y cuya definición quedó en manos del juez Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, que el pasado 5 de marzo abrió el concurso de acreedores de Vicentin.
La consigna que promueve Perotti es la de reconvertir al grupo en una "empresa mixta", con conducción del Estado. "La idea es avanzar por los caminos más adecuados, cuyo objetivo no es una dictadura comunista. No tiene nada que ver", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para confirmar el cambio de estrategia que puso en stand by el proyecto de expropiación.
¿Pero cuál es el margen de acción para concretar el nuevo propósito? Por lo pronto, se trata de una posibilidad contemplada en el marco de la ley y del propio concurso de acreedores, aunque deberá ajustarse al procedimiento formal y, sobre todo, a la negociación directa con los accionistas de Vicentin, que interpretaron al banderazo como una trinchera para defender sus intereses.
Claro que son todos pasos que se dan en un escenario totalmente incierto, y cuyo proceso judicial recién está en una fase de gestación. A saber, Vicentin recurrió a fines del año pasado a un acuerdo preventivo extrajudicial (ATE) con el que pareció lograr avances con los acreedores, hasta que uno de ellos, la firma santafesina Gagliardo Agrícola Ganadera, del Grupo RJG, se diferenció y pidió la quiebra. Por ello, esa primera tratativa naufragó y llegó al juzgado de Lorenzini.
La empresa transita un estado de cesación de pagos y tramita un proceso de reorganización para reestructurar una deuda de $ 99.345.263.086,50, en manos de 2.638 acreedores, tal como consta en el expediente. En la instancia actual, Lorenzini trata de verificar esos universos, pero sus avances también se vieron afectados por la irrupción del Covid-19, aunque el letrado innovó y ofreció la posibilidad de realizar esas presentaciones de manera on line.
En el ínterin, el concurso establece una serie de limitaciones para el accionar de sus directivos: los administradores naturales mantienen la conducción de la empresa, pero no pueden realizar actos extraordinarios de administración, es decir, maniobras que vayan más allá de la operatoria de rutina; no pueden disponer de ningún bien registrable, ni tampoco pueden tercerizar la explotación de la empresa. El cumplimiento queda en manos de los tres síndicos que nombró el juez, los contadores Ernesto García, Carlos Amut y Diego Telesco.
En las próximas fases del proceso judicial se realizará el mapa de los activos de Vicentin y de su entramado societario y los síndicos comenzarán a investigar los acontecimientos por los que la empresa se declaró en cesación de pagos, y ahí se contemplarán las denuncias sobre los manejos financieros y el acceso a créditos de los bancos públicos, fundamentalmente del Banco Nación, y también los planteos del directorio respecto del impacto de las constantes devaluaciones y de la eliminación del diferencial arancelario que tenía la industria aceitera.
Para evitar la quiebra, la empresa debe elaborar una propuesta de pago y, aunque se constituyó un comité de acreedores, con representación de los principales demandantes, entre los que figura el Estado mediante el Banco Nación, la adhesión debe alcanzar un doble objetivo: agrupar a la mayoría de los acreedores y, a su vez, ese universo debe representar dos terceras partes del volumen total de la deuda. En el ATE, Vicentin ofreció pagos de entre el 20 y el 50% de contado o el 80% en ocho años.
