"Necesitanos una reunión con el Gobernador de la provincia y con el Municipio de Ushuaia, para trabajar en propuestas concretas en el sector, el cual sigue acumulando deudas y continua esperando soluciones", contó a Vía Ushuaia Stella Maris Bianchini, presidenta de la Asociación Civil Protección al Inquilino Ushuaia.
Desde la entidad explicaron que se centran sobre tres puntos claves según las problemáticas planteadas por los inquilinos de la ciudad:
1) - Que el Estado pague la deuda que los inquilinos acumularon en este tiempo de cuarentena obligatoria, sin tener la posibilidad de trabajar.
2) - Que se apruebe la Ley de Alquileres, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
3) - Que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto.
"Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó conflicto con inmobiliarias y algunos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo", aseguraron.
Además, señalaron que "en 2015 teníamos un salario de 580 dólares promedio, que en enero de 2020 terminó siendo de 221, y luego vino la pandemia. Y eso abarca al que tiene un ingreso asegurado; imaginemos a quienes son parte de una economía cuentapropista o informal, que prácticamente usa los pocos ingresos para comer y no pueden pensar siquiera en una mudanza, o en pagar deudas, porque sin trabajo no hay nada".
