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hace 23 minutos
El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía de Estado, con la participación del Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, y de Hugo Vitale, junto a la Dirección Provincial del Agua (DPA), conducida por Marcelo Cancellieri y Juan Pablo Occipinti. También intervinieron efectivos de la Policía de Tucumán y personal de Tránsito.
El desarmadero, que deberá ser desalojado en un plazo de 10 días, se había instalado de manera irregular sobre un espacio público, obstaculizando el normal escurrimiento del canal y generando un punto de alta peligrosidad para el tránsito en uno de los accesos más transitados hacia Yerba Buena, San Pablo y El Manantial.
“Este procedimiento forma parte de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de recuperar los bienes de la provincia y garantizar seguridad y orden para los vecinos”, expresó Raúl Ferrazzano.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo central de la medida es proteger la seguridad hídrica, prevenir inundaciones y garantizar el ordenamiento urbano.
La ocupación irregular, además de comprometer la fluidez del agua, implicaba un riesgo ambiental y urbano al concentrar chatarra y materiales en un espacio destinado al escurrimiento de lluvias.
