Alberdi: Jaldo advirtió que no habrá “coronita” para los funcionarios implicados

“Aquí en Tucumán se acabó la impunidad. Vamos a fondo con quienes cometen delitos, caiga quien caiga”. Con estas palabras, el gobernador Osvaldo Jaldo defendió la decisión de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi, a partir de las denuncias que involucran a funcionarios locales en causas por narcotráfico.

La medida fue formalizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, y el Gobierno designó como interventor a Guillermo Norry, además de convocar a elecciones municipales para el 26 de octubre, con el objetivo de normalizar la situación institucional. La Legislatura provincial deberá ratificar la intervención esta semana.

De la conferencia en Casa de Gobierno, participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; los ministros provinciales: Daniel Abad (Economía y Producción), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur(Obras y Servicios Públicos); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; Federico Nazur, secretario general de la Gobernación y Raúl Albarracín, secretario de Gobierno; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla y el legislador provincial, Gerónimo Vargas Aignasse.

“Esta es una decisión casi extrema, pero necesaria”, afirmó Jaldo. “En Alberdi hubo acumulación de hechos preocupantes, tanto de gestión como vinculados a delitos. Y el más grave es el que tiene que ver con el narcotráfico”.

El gobernador detalló que el municipio estaba incluido en el pacto social, por lo cual el Ejecutivo ya colaboraba con pagos de sueldos y servicios. Sin embargo, aseguró que la proliferación de hechos judiciales, tanto en la justicia federal como en la provincial, motivó la intervención.

“Tenemos más de 300 condenas por narcomenudeo. Hoy se secuestró casi la misma cantidad de droga que en todo 2024. Ya no se trata solo de una cuestión administrativa: se está comercializando muerte”, advirtió.

El mandatario remarcó que el interventor Guillermo Norry es una persona de confianza del Ejecutivo, y que el proceso de transición institucional será acompañado por un equipo técnico reducido pero con capacidad operativa: “es alguien que viene siendo parte del equipo de gobierno. Si bien tuvo actuación y trabajó en municipios del interior, está trabajando en el Subsidio de Salud como interventor. Es un profesional capaz, honorable y una persona de confianza. Nos hemos decidido por el tipo de personalidad, de confianza y de persona de bien que tiene el contador Norri. Y sabemos que en seis meses es mucha la tarea que tiene que hacer. Como así también se ha formado un equipo. No es únicamente el interventor. El interventor está acompañado por funcionarios en obras públicas, en gobierno, en acción social. Es decir, un gabinete muy pequeño, pero tratando de cubrir todas las áreas posibles”.

“No podíamos mirar para otro lado. Hoy tenemos información, investigaciones, hechos concretos. Nadie tiene coronita. Y si hay funcionarios ligados al narcotráfico, los vamos a detener, condenar y enviar a la cárcel de Benjamín Paz”, sentenció.

El jefe del Ejecutivo provincial también anticipó que la medida fue analizada con los distintos poderes del Estado y se llevó adelante con fundamentos legales, políticos y administrativos.

El vicegobernador Acevedo confirmó que el DNU ya ingresó a la Legislatura y será tratado en sesión extraordinaria este jueves: “Ese DNU será tratado el próximo jueves, ya di las instrucciones para que se haga la convocatoria a una sesión extraordinaria. No habrá labor parlamentaria y se convocará directamente a la sesión con el único tema a tratar. Además, tendré reunión con el cuerpo colegiado de legisladores, integrado por parlamentarios de distinto espacio político, y no habrá inconvenientes en el tratamiento y ratificación de este DNU. Mientras tanto, el DNU está vigente y cuando esté ratificado se transformará en ley”.

Por su parte, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, destacó el espíritu jurídico de la medida: “No se trata de perpetuar una intervención, sino de una normalización institucional con miras al voto popular. La Constitución provincial fija un plazo máximo de 180 días, y el decreto ya establece la convocatoria a elecciones para el 26 de octubre”.

Pedicone aclaró que la intervención incluye tanto al Ejecutivo como al Concejo Deliberante de Alberdi, y que la gravedad del caso exigía una respuesta institucional contundente.

“Este gobierno no calla ante el delito. La gente de Alberdi merece tranquilidad y respeto. Vamos a restituir el orden”, concluyó Jaldo.