Por primera vez, desde la vuelta de la democracia, en Tucumán la provincia toma la iniciativa de ordenar el transporte público de pasajero y buscar una solución al conflicto, que generó cinco días de paros provocando malestar en la población.
Y esto fue anunciado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo quien comentó que en la Legislatura se analizarán todos los temas del sector para encontrar una solución.
Hasta ahora el precio del boleto en la provincia era una decisión exclusiva del Concejo Deliberante, que determinaba el precio que se debía aplicar y luego lo promulgaba el intendente de la Capital. Dos días más tarde, sin ningún análisis previo, la provincia por una resolución ponía en vigencia el nuevo aumento para todo el interior.
Este proceso, se iniciaba con una presentación de los empresarios pidiendo el valor que estimaban, según sus estudios de costo. A ese precio lo reducía el Concejo Deliberante y luego, tenían otro recorte por parte del intendente. Los empresarios siempre se quejaban por el precio determinado. Tampoco se conoció como se llegaba al valor del viaje y que estudios especiales, aparte de los presentados por los interesados, solicitaban para aplicarlo. Siempre se dijo, que el sector político no podía aumentar el boleto como pedían los empresarios, porque se corría el costo por el malestar que genera en la población, los incrementos de tarifas.
Según voceros de AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor) el 33 por ciento del servicio es de la Capital; el 33 por ciento del Gran San Miguel de Tucumán y el otro 33 del interior. Y el boleto lo determinaba la Capital. Es decir un 33% por ciento decidía sobre el otro 66%.
Además, es la primera vez que en la provincia se conoce algo más del tema del transporte público de pasajeros. Siempre hubo declaraciones cruzadas. Cada uno exponía su razón, unos se justificaban y otros criticaban, pero el boleto aumentaba.
