El abogado Marcos Rodríguez Allende, querellante en el juicio a Justo Ilarraz, condenado a 25 años de prisión efectiva por abuso y corrupción de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, informó que busca que se ordene la prisión preventiva en una unidad penal.
"Es necesario que la domiciliaria se deje sin efecto y se ordene la prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná", dijo al finalizar la audiencia solicitada por Jorge Muñoz, abogado defensor del cura, que pidió la nulidad de la sentencia.
La audiencia se realizó sin presencia de la prensa en la Cámara de Casación Penal de Paraná, donde los jueces Alejandro Cánepa, Cristina Lía Van Dembroucke y Dardo Tórtul escucharon los planteos y darán a conocer la resolución el 8 de abril.
Rodríguez Allende destacó que busca demostrar "que los 25 años de pena son justos, coherentes y razonables. Voy a demostrar que es necesario que la domiciliaria se deje sin efecto y se ordene la prisión preventiva" del cura, agregó.
Por su parte, el fiscal de la causa Álvaro Piérola recordó que habían "pedido la prisión preventiva, y se dio lugar, pero se hizo en modo morigerado porque está con prisión domiciliaria".
En ese sentido, explicó que Ilarraz permanecerá con prisión preventiva "hasta que se agoten todas las instancias posibles", cuando "deberá cumplir la condena en una cárcel común como cualquier ciudadano a quien se le impone una pena".
Piérola señaló que hasta el momento "no se registraron notificaciones" de que Ilarraz no haya cumplido la prisión domiciliaria, aunque "se activó el sistema en dos oportunidades".
El abogado defensor del cura condenado, Jorge Muñoz, pidió la nulidad del fallo, que se conforme un nuevo dictamen por un nuevo tribunal y que el sacerdote sea puesto en libertad. Los jueces escucharon los planteos y darán a conocer la resolución el lunes 8 de abril, a las 9.
