Hay 700 casas paralizadas desde que comenzó la investigación judicial a la Tupac Amaru. Ante esta situación, el Gobierno decidió avanzar con la obra y para ello habrá un requisito fundamental: las comunas tendrán que cortar todos sus vínculos con la organización kirchnerista.
Así lo pidió el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a aquellos intendentes que tienen barrios de la Tupac sin terminar. Los departamentos en cuestión son Guaymallén, Maipú, Luján, Las Heras, Tupungato, San Carlos y Lavalle.
Según comentan a Diario Los Andes, Lavalle es el único municipio que se resiste a cortar con la organización que nació en su territorio.
Por un tema legal, aunque también político, el IPV necesita que los municipios hagan dos trámites: oficializar la lista de los beneficiarios y rescindir todos los contratos con las cooperativas de trabajo que se nuclearon en la Tupac.
La explicación que dan en el Gobierno es que, por un lado, las cooperativas no existen, tal como sostiene la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Chaves. Pero también argumentan que el convenio, por el cual existió el programa gracias al que creció la Tupac, no permite continuar con las casas.
