Miembros de la comunidad indígena Angosto El Perchel, de la localidad jujeña de Tilcara, exigieron hoy en el marco de un pedido de intervención a la Legislatura provincial la aplicación de la consulta previa, libre e informada por obras de fibra óptica que pretendía iniciar en su territorio la empresa Telecom.
Además solicitaron una investigación de, según afirmaron, "actos de violencia" que iniciaron el 11 de marzo pasado, fecha en la que agentes de la mencionada empresa, acompañados de un grupo de policías, fueron interpelados por mujeres de la comunidad cuando realizaban los trabajos y éstas terminaron detenidas, según relataron.
"Estuvieron haciendo trabajos que no fueron autorizados por la comunidad y de los cuales tampoco teníamos conocimiento", indicó Raul Sajama, miembro de la comunidad Angosto, al referirse a las obras iniciadas por la empresa Telecom, que fueron paralizadas tras una primera denuncia ante la justicia por parte de los pobladores del lugar.
Agregó que están solicitando "que la Legislatura intervenga ante el Ejecutivo" para que se cumplan las normas, pero, además que se deje de "amedrentar a los miembros de la comunidad", ello ante "la presencia constante de vehículos policiales", entre otros.
En torno a la situación del 11 de marzo pasado, indicó que los trabajadores de la empresa "taparon acequias, destruyeron churquis (arboles), cultivos y almácigos", ante lo cual tres mujeres, que les exigían el cumplimiento de la ley nacional 24071, de pueblos indígenas, fueron detenidas por cerca de 10 horas.
"Pese a estar a derecho, y que no generaron ningún acto de violencia, fueron detenidas. Y no solo no nos quisieron dar explicaciones de porqué estaban detenidas sino que no nos permitieron hablar con ellas y demoraron en tomarnos la denuncia", contó Sajama sobre la situación que debieron atravesar en la comisaria de Tilcara.
Ante una denuncia realizada ese mismo día lograron que se paralice la obra y que la fiscal interviniente constate los daños ocasionados, obteniendo el reconocimiento de tal situación por parte de uno de los representantes de la empresa que, según Sajama, "dijo de palabra que se iban a hacer cargo del valor económico de la destrucción generada".
Los miembros de la comunidad también presentaron una medida cautelar y esperan a que sea resuelta por la justicia para evitar que se continúe con los trabajos.
"Si no se cumple la consulta, la empresa no puede trabajar. Esto no es capricho de la comunidad. Están pasando cosas que nos permiten decir que no hay un estado de derecho en la provincia de Jujuy", concluyó el referente de Angosto El Perchel.
