La justicia jujeña inicia este martes el debate de una de las causas que nació a raíz de un video que publicado en medios nacionales mostraba el retiro de dinero por parte de integrantes de la Cooperativa "Pibes Villeros", y que según la denuncia de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción de Jujuy, la organización social Tupac Amaru se apoderaba de los recursos económicos.
Una de las principales acusadas es la dirigente social Milagro Sala, señalada como autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma; fraude a la administración pública y extorsión en concurso real.
A la exdiputada provincial se suman su esposo Pedro Raúl Noro, imputado como supuesto responsable del delito de asociación ilícita, y 24 cooperativistas, entre ellos Javier Osvaldo Nieva; Mabel Balconte; Marcia Ivone Sagardía; María Graciela López; María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori.
A la vez, el expresidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), José Lucio Abregú, está acusado como autor penalmente responsable de los delitos de fraude en contra de la Administración Pública, al igual que Pablo Tolosa, exvocal del IVUJ.
En tanto Héctor Gustavo Martínez y Emilio Javier Bustos deberán responder como autores penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica y partícipe necesario en las maniobras que habrían afectado el erario público.
Según el fiscal Diego Cussel, se desprende del expediente, y de declaraciones testimoniales, que "la mecánica de funcionamiento de la organización Tupac Amaru sería la de una asociación ilícita formada con el objeto de defraudar al Estado provincial y apoderarse de recursos dinerarios".
La Fiscalía, en su valoración da por acreditado que la imputada Sala ha "dirigido, organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la organización social Tupac Amaru".
Afirman que la defraudación fue perpetrada en perjuicio de la administración pública provincial, pues el erario público se vio disminuido y no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa “Mejor Vivir II”.
Según la investigación, la dirigente social que cumple con prisión domiciliaria se hizo de un monto de más de sesenta millones trescientos, concretamente $60.352.790,80.
Siempre según la fiscalía, la modalidad adoptada para cobrar el dinero consistió en convocar a integrantes de la organización Tupac Amaru, que fungían como presidentes de dichas cooperativas, y trasladarlos a los Bancos en vehículos, para que percibieran cheques, que es lo que se ve en los videos de las cámaras de seguridad de la Sucursal Jujuy del Banco Nación, y que fueron difundidos en la televisión nacional.
Sobre el accionar del Instituto de Viviendas y los municipios, se explica que conforme los convenios firmados, los municipios debían ejecutar los programas y proporcionar a las cooperativas los fondos para concretar las obras de construcción y mejoramiento de viviendas que la Nación adjudicaba en virtud del plan "Mejor Vivir II".
El procedimiento consistía en que el dinero era acreditado en cuentas de los municipios en los que los planes de mejoramiento habitacional debían llevarse a cabo.
Las cooperativas de la Tupac Amaru cobraban los fondos dinerarios de dichas cuentas en las sucursales del Banco de la Nación Argentina y del Banco Macro, en el territorio de la Provincia, debido a que las obras estaban programadas en los municipios de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Palpalá.
También habrían librado distintos pagos a las cooperativas con la sola presentación de las facturas emitidas por sus presidentes, en las que sólo se consignaba la referencia genérica de la obra y el número de expediente del IVUJ.
