La dirigencia de Independiente, encabezada por su presidente Fabián Doman, presentó este lunes una denuncia penal contra Hugo Moyano y su hijo Pablo, quienes se desempeñaron como presidente y vicepresidente del club.
Los Moyano serán denunciados por el millonario juicio laboral que realizó el futbolista Gonzalo Verón.
La acción se formalizó ante la justicia federal por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos, bajo mandato de la Comisión Directiva del club, después de una votación unánime celebrada la semana pasada.
La acusación del oficialismo también alcanza al exdirigente Héctor “Yoyo” Maldonado, al exabogado del club José Luis Barredo, al propio futbolista y a su representante Nazareno Marcollese, informaron fuentes del club.
Según informó Télam, en la denuncia, se incluye a las autoridades de la empresa logística OCA por irregularidades en el contrato de sponsoreo en la camiseta.
Además, solicitaron la investigación por una eventual doble intermediación en la llegada del jugador paraguayo Cecilio Domínguez (2019-2020) y la venta de Nicolás Figal al Inter de Miami en enero de 2020.
Verón, futbolista de Independiente entre 2018 y 2020, inició un juicio por perjuicio laboral que tuvo una primera sentencia del Tribunal de Trabajo N 2 de Avellaneda por 2.332 millones de pesos con intereses incluidos.
El delantero, que entremedio fue prestado a Aldosivi de Mar del Plata antes de quedar libre, denunció falta de pago y amenazas que lo obligaron a salir del país. “Independiente me arruinó la carrera”, aseguró el jugador en una nota a Clarín.
Verón apenas disputó 18 encuentros y marcó un gol con la camiseta del “Rojo”, al que arribó después de un exitoso paso por San Lorenzo (ganó la Copa Libertadores 2014) y una experiencia en la MLS de Estados Unidos.
La actual CD de Independiente argumenta que la gestión Moyano dejó caer el contrato firmado, lo que generó un millonario juicio en el que el club nunca se defendió en los tribunales.
Conocido el fallo de primera instancia, Independiente repudió la decisión judicial y se comprometió a realizar “las apelaciones correspondientes en los diferentes tribunales provinciales para evitar la aplicación de la ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Laboral 2 de Avellaneda”.
