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hace 41 minutos
A raíz de los últimos sucesos graves que involucraron a personal policial, el Ejecutivo provincial presentará en la Legislatura un proyecto de reformulación del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
El “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad” tendrá una nueva integración. Habrá representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); la Legislatura y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Lo novedoso de la iniciativa es que la presidencia del Tribunal estará a cargo de un representante del Ministerio Público Fiscal. El plan será presentado en los próximos días en la Legislatura para que se discuta y se apruebe la ley.
Luego de los cambios en la cúpula policial, también de la aprobación de un nuevo protocolo para el uso de armas de fuego, sería otro gran paso y cambio importante dentro de la Policía de Córdoba durante este año, tras los casos de gatillo fácil.
Los principales puntos del nuevo proyecto
- Se dispone incompatibilidad total y absoluta para que los integrantes de las fuerzas de seguridad, tanto en actividad como retirados, intervengan en cualquiera de los organismos que integran el sistema de control disciplinario.
- El procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres Fuerzas de Seguridad, más allá de que esté resuelta o no la causa penal.
- Se armoniza el actual régimen disciplinario mejorando la redacción de las faltas e incorporando nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación, entre otras.
- Se eliminan las sanciones de arresto y de exoneración, y se crea la sanción de destitución para los casos más graves.
- Asimismo se crea un organismo técnico profesional que tendrá a su cargo la investigación de las faltas graves y gravísimas, y se incorpora una defensoría disciplinaria para garantizar el debido proceso.
- Se fortalece el control civil y el seguimiento de la actuación de las Fuerzas de Seguridad a través de la incorporación de registros (faltas, disparos de armas y violencia institucional).
- Se fortalece la publicidad y transparencia del régimen disciplinario a través de la obligación de los órganos de presentar informes de gestión.
- Se crea el Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad con participación de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público Fiscal.
