El Ministerio de Seguridad de Córdoba, dispusó este martes la remoción del Jefe de la Departamental Punilla Norte, Crio. Inspector Diego Bracamonte. La medida fue tomada a través del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, luego de dudosa muerte del joven Jonhatan Romo, acontecida en la comisaría de La Falda, luego de que el joven fuera detenido por una riña callejera.

Lo cierto, es que a esta muerte se suman otros escándalos que pesan sobre la ahora ex-cúpula directiva del corredor norte, en el Valle de Punilla: el escándalo por el caso Basaldúa y la acusación de represión policial contra los ambientalistas.

Irregularidades en la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa

Cabe recordar, que en los últimos días se conoció la sentencia del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en Capilla del Monte en 2020, en el que el único acusado quedó en libertad ya que no existian pruebas en su contra. La investigación sobre ese caso resultó desastroza, sólo cabe recordar que Lucas Bustos, el acusado estuvo preso 2 años, y la única prueba era la autoincrimanción, que a su vez el mismo detenido acusó “presión y violencia policial”.

Durante el juicio, el comisario Bracamonte no pudo dar cuenta de ese testimonio incriminatorio, ya que no hubo registro de la declaratoria y los policías testigos terminaron entregando un confuso panorama de como había sido la supuesta confesión en la comisaría.

Lo cierto, es que además de esa terrible acusación existen otros indicios que pesan sobre lo mal que se llevó adelante esa investigación, a lo que se suman las sospechas sobre el encubrimiento del ex-policía Mario Mainardi, a quien la familia de la víctima señalan como el verdadero sospechoso. Además del accionar policial, el modo en que se llevó el caso puso, también, en el ojo de la tormenta el accionar de la fiscal Paula Kelm. Respecto a esto, la abogada defensora de la flia. Basaldúa, Daniela Pavón, confirmó que irán por el juicio político para destituírla de su cargo.

Represión contra los ambientalistas

El 12 de mayo pasado, un grupo de ambientalistas que se opone a la construcción del autovía, denunciaron que fueron expulsados por la fuerza policial en un procedimiento sin orden judicial.

En aquel momento Renée Amsler, el abogado que representa a los ambientalistas, manifestó: “Personal policial, de manera brutal, violenta y nocturna, aprovechando la indefensa de las diez personas que habían presentado un habeas corpus ante la justicia, sin ningún tipo de advertencia, actuaron violentamente y los desalojaron del lugar. Fueron arrastrados y fue una emboscada”.

Sobre hecho hubo acusaciones concretas sobre violencia física.