Tras el fin de la feria judicial, dirigentes políticos de la oposición presentan este lunes una acción de amparo contra la suba de tarifas del servicio eléctrico que el Gobierno anuncio a fines de 2018.
El Gobierno oficializó el 1 de febrero pasado los aumentos de un 30 por ciento promedio en las tarifas de electricidad para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, que ya están vigentes.
A través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, ese organismo aprobó los nuevos cuadros tarifarios de ambas distribuidoras.
Ahora, la Defensoría del Pueblo bonaerense que conduce Guido Lorenzino, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, e intendentes peronistas van a la Justicia para que el Gobierno de marcha atrás.
El titular del Cepis, Mariano Lovelli, aseguró que el pedido colectivo será para obtener "la nulidad por inconstitucionalidad de una de las últimas resoluciones del exsecretario de Energía Javier Iguacel, que aumentó el precio de la electricidad mayorista".
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis, son dos de los principales impulsores de la medida.
En declaraciones a radio Milenium, Katopodis precisó que también participarán usuarios y consumidores de la presentación. Estos últimos solicitaron poder sumarse dado que las boletas de luz se les tornaron "impagables".
Según lo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, a partir del viernes el valor de la tarifa media alcanza a 3,541 pesos por kilowatt hora (kWh) para Edesur, y 3,680 pesos para Edenor.
Estos números son los que determinan un ajuste promedio del 30% para hogares y comercios, enrolados en la categoría R2. En la Casa Rosada estiman que, a partir de este nuevo incremento, los usuarios de las categorías R1 y R2 (que representan alrededor del 70% del total) pagarán entre 311 y 866 pesos más por mes.
Magario le apuntó a Macri como el “responsable político” de los aumentos de tarifas. “Cuando asumió, pagar las tarifas representaba un 6% del salario. Y si la Justicia no nos escucha, en junio de este año ese porcentaje va a ser del 26%. Estamos hablando de más de un cuarto del salario", sostuvo.
"En el conurbano y el interior bonaerense los usuarios están recibiendo boletas de 12.000 pesos por el consumo residencial de energía eléctrica y de 7.000 pesos por el gas", se quejó la también presidenta de la Federación Argentina de Municipios.
