Una auditoría oficial del Ministerio de Seguridad confirmó que el sistema de protección para bienes allanados en causas judiciales demanda un gasto anual de más de $1.000 millones, mientras que día a día se desprecia el valor de la ropa, discos compactos y vehículos que permanecen bajo custodia y se estiman en $938 millones.
Para resguardar los bienes, se destinan más de 6.000 efectivos en el país y se gastan más de $18 millones sólo en el alquiler de lugares para protegerlos, según explicó Clarín.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no oculta su desacuerdo con este método y las fuerzas federales que dependen de ella ya no quieren que la Justicia federal les asigne la custodia de bienes incautados.
Recientemente, el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto autorizando al remate de bienes que se encuentren decomisados. Pero el Ministerio no dispone de ellos, ya que le son otorgados bajo la figura de "guarda judicial" con la prohibición de cambiar su naturaleza.
"No podemos desobedecerla, sería un desacato ante una decisión de un Juez, pero no nos sirven de nada los bienes, lo mejor sería rematarlos y contar con ese dinero y dirigirlo a organismos de las Fuerzas", dijo Bullrich.
El Ministerio realizó una auditoría que reflejó que en todo el país hay 537 espacios afectados para el resguardo de dichos bienes. El valor de los rodados, ropa, maquinaria pesada, embarcaciones, y otros objetos secuestrados por la justicia tienen un valor de $938.660.082.
Esta cifra de dinero equivale, según los cálculos del Ministerio, a 470 patrulleros "que podrían adquirir las Fuerzas Federales para asistir a los ciudadanos que necesitan". Y es inferior al gasto total anual que destinan para protegerla.
