El relator especial de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, criticó el abuso en el uso de las escuchas telefónicas en la Argentina y cuestionó la falta de control sobre el sistema que mes a mes intercepta 6.000 líneas, entre teléfonos móviles y fijos.
A la vez, sugirió que los servicios de inteligencia deberían tener una profunda revisión en la Argentina, dado que podrían estar teniendo un rol protagónico en la difusión de las escuchas que deben ser utilizadas estrictamente para causas judiciales por delitos graves.
Cannataci visitó la Argentina entre el 6 y el 17 de mayo para evaluar el derecho a la privacidad en el país y si bien estimó que las escuchas ordenadas por la Justicia cumplen con las "garantías" constitucionales necesarias, también alertó que la tecnología involucrada es "bastante anticuada".
Según Cannataci, el sistema de vigilancia local tiene "varias vulnerabilidades", entre las que señaló "el uso excesivo de las intercepciones, que se trata como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como último recurso para los crímenes graves; los controles débiles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las intercepciones; y la falta de un control independiente sobre el uso de las intercepciones".
Sus valoraciones del funcionario internacional se dieron a medidos de mayo, pero se conocieron en la misma semana en que medios periodísticos locales difundieron una escucha de una conversación telefónica que el empresarios Lázaro Báez mantuvo desde el penal de Ezeiza con una amiga.
Además de cuestionar la interpretación que se hizo de ese audio, el empresario denunció que esa escucha fue ordenada por la Justicia en el marco de otra causa que no lo involucra y que por eso el audio debió ser destruido.
Asimismo, el año pasado se difundieron llamadas telefónicas entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su colaborador Oscar Parrilli, en las que no se exponían delitos ni pistas que aporten a causas judiciales sensibles.
Recomendaciones
Cannataci sugirió que los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo “una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley. Asegurarse de que sólo la información que debe mantenerse en secreto es de hecho secreta, permitiría a la sociedad argentina comprender mejor el papel y los métodos de trabajo de sus servicios de inteligencia”.
El relator estudió las reformas recientes al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y escuchó las preocupaciones que le expresaron organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema y otros actores.
Luego de esta ronda de consultas y averiguaciones, el relator señaló en un informe preliminar que "estoy convencido de que las garantías implementadas en DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) son adecuadas y preservan la privacidad de la personas".
“La organización ha presentado evidencia de que, tanto en términos del personal que trabaja allí como en el diseño institucional y los protocolos de trabajo, están haciendo todo lo posible para minimizar la intervención humana, garantizar que los datos personales estén protegidos y que las únicas personas tengan acceso al contenido de las intercepciones son los beneficiarios legales de una orden de vigilancia emitida por el poder judicial”, señaló el funcionario de la ONU.
Tecnología anticuada
Cannataci observó que “la tecnología utilizada (para las intervenciones) es bastante anticuada” y recomendó que “se adquiera una tecnología de intercepción más nueva, que permita no solo la intercepción de líneas fijas y conversaciones móviles, sino, por ejemplo, el uso de malware en teléfonos móviles”.
Sobre esas debilidades, el relator observó "una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina. Posiblemente debido a la historia reciente de Argentina, a una fuerte cultura de opacidad y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados, muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia".
A partir de 2015, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, las intervenciones telefónicas dejaron de ser competencia de los organismos de inteligencia y pasaron a ser competencia exclusiva de la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), a solicitud de jueces y fiscales.
Según el relevamiento de la ONU, se interceptan en la Argentina unas 6.000 líneas mensuales, de las cuales “solo 69 son interceptaciones directas escuchadas por DAJuDeCO, mientras que todas las demás no son escuchadas en vivo sino que son ejecutadas por proveedores de servicios”.
"La mayor parte del contenido de la interceptación no es escuchada por los funcionarios de DAJuDECO, sino que es grabada automáticamente en CDs sin intervención humana y luego distribuida a las autoridades indicadas en la orden de vigilancia. En 2018 el número total de líneas interceptadas fue de 41.0000", mencionó el comisionado en su informe preliminar, cuyas conclusiones definitivas se presentarán el año que viene.
Sobre el nuevo sistema de reconocimiento facial instalado en la Ciudad de Buenos Aires, Cannataci dijo: "Soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud.
Por último, en base a todos los datos recabados y las entrevistas realizadas, Cannataci recomendó que el Congreso apruebe una “nueva ley de protección de datos” que “cubra los aspectos de protección de datos y privacidad del uso de datos personales por parte de las fuerzas de seguridad”.
