Vía Mendoza
Despidieron a un arquitecto mendocino que faltó 30 días al trabajo sin justificación
Rodolfo Suarez firmó el Decreto en el que oficializan la sanción de cesantía al empleado público.
Rodolfo Suarez firmó el Decreto en el que oficializan la sanción de cesantía al empleado público.
Según informó el Ministerio de Trabajo, el decreto será publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Las denuncias son referidas a despidos, suspensiones, reducción salarial e incumplimiento de protocolos.
Se ampararon en el DNU del Ejecutivo Nacional que prohíbe despidos y suspensiones en el marco de la pandemia de coronavirus.
El fallo de un tribunal laboral consideró la "transitoriedad" de las obras y revocó una sentencia favorable a un trabajador.
El apoderado legal del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia, habló en Radio Mitre Ushuaia sobre la situación que atraviesa el sector y la denuncia del gobierno.
Jeremías Rojo, paramédico de Oliva, hacía 100 kilómetros en bici para cumplir sus guardias. Recientemente lo echaron.
Delegados laborales de la empresa textil aseguraron que los responsables de la firma les niegan el ingreso a la planta de la ruta 88. "Ni siquiera nos convocan a trabajar", afirmaron.
Después de casi 60 días el Sindicato Petrolero logró resolver el conflicto con Quintana Wellpro, y reincorporan a los 32 operarios que habían despedido.
Los cientos de trabajadores recibieron un breve aviso de sus empleadores quienes prescindieron de sus servicios "por tiempo indeterminado".
El grupo de trabajadores denunció intimidaciones de sus ex empleadores y lamentaron que los hayan dejado "sin dinero y sin cobertura médica" durante la pandemia de coronavirus.
La próxima audiencia será el 24 de agosto, donde se espera poder llegar a una resolución respecto de la situación los 400 trabajadores.
Representantes sindicales brindaron su respaldo a los docentes del Jardín Acuarela y el Decroly, que temen ser víctimas de "despidos encubiertos".
Nuevos reclamos de trabajadoras y trabajadores despedidos en la municipalidad de Caleta Olivia.
Hasta el 30 de septiembre las empresas no podrán despedir sin justa causa ni por fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.
El DNU fue firmado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.
La medida de fuerza incluye una protesta en la calle y el bloqueo del depósito de la empresa.
Fue en los pasillos del municipio de Río Gallegos donde el jefe comunal volvió a repetir que se trata de "cargos políticos.
Alrededor de 150 empleados municipales se quedaron sin trabajo.
La trabajadora estaba en período de prueba, pero juez valoró la vigencia de la prohibición de despidos y su carácter de vulnerabilidad en la pandemia.
Julieta Galiotti es de Santa María, padece una enfermedad crónica, trabajaba para la Residencia "Che Guevara" en Cosquín, y cuenta que la despidieron sin causa en plena cuarentena.
Los empleados buscaron auxilio en el Sindicato de Gastonómicos, que hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo donde les aconsejaron "esperar a que pase la pandemia".
Los despedidos fueron notificados luego de realizar una panfleteada frente al edificio municipal.
Alrededor de veinte familias reclamando sus puestos laborales que habían sido adquiridos en la gestión anterior.
Se trata de la ex Verbano, cuyo personal sólo está cobrando el subsidio del Gobierno y sus dueños no están interesados en invertir.
Reclaman la reincorporación de 240 cesanteados, el pago de salarios adeudados y la reapertura de la empresa.
Trabajadores de La Morada Francia, Morada Avellaneda, Nápoles, Milano y Roma también acusaron a sus empleadores de tenerlos en negro.
Habría realizado reiteradas salidas en bicicleta cuando aún no estaban permitidas.
La medida apunta a cinco áreas de negocio paralizadas por la pandemia: Karmya, Karmya Deportes, los dos hoteles, los cines y Orfeo Superdomo.
La Red de Trabajadores Precarizados celebró la resolución judicial y convocó a una nueva protesta en el centro.
El gremio pidió medidas para el sector, en jaque por la prolongada cuarentena.
Estuvieron presentes los trabajadores despedidos de la empresa YCRT y del municipio de Río Gallegos.
Así lo manifestó el vicepresidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, tras anunciarse la extensión de las restricciones por 60 días.
Lo dispuso el Gobierno con el foco puesto en la crisis económica generada por la pandemia.
Fueron hasta los ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo a pedir cobrar el IFE.
"El Gobierno no nos da soluciones y los sindicatos tampoco nos acompañan", advirtieron los manifestantes.
"Es un instrumento que está funcionando bien", aseguró Rodolfo Daer.
Están precarizados y Javkin no les renovó el vínculo con el municipio.
La empresa compareció luego de ser demandada por incumplir uno de los decretos vinculados a la pandemia.
Los trabajadores levantaron la medida después de acordar que cobrarán el 60% de la indemnización.
Las audiciencias virtuales fueron realizadas por Juzgado de Competencia Múltiple de Cruz del Eje.
Un encargado de 28 años con familia a cargo denunció que lo echaron el día después de que se implementara la medida.
Lo están haciendo para apoyar a la producción local de insumos en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Hizo abandono del lugar de trabajo sin aviso, en medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Reclaman que la empresa echó a 250 personas de la planta y que adeuda sueldos.
El local fue adjudicado por la Municipalidad y afirman que sólo querían pagarles comisiones por delivery.
Para eso pidieron a la Uocra que formalice la denuncia pública que apuntaba fundamentalmente contra dos constructoras.