La crisis del 2001 dejó un saldo de nueve muertes en Santa Fe. Si bien la mayoría se produjo como consecuencia de la represión policial, la Justicia sólo dictó condenas por dos homicidios en Villa Gobernador Gálvez y Rosario, la ciudad donde vivían casi todas las personas fallecidas.
A dos décadas del estallido social y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, la provincia es el segundo distrito con más víctimas fatales frente al accionar de las fuerzas policiales del 19 y 20 de diciembre. El único caso que se dio en la ciudad capital fue el de Marcelo Pasini, un chico de 15 años baleado cuando buscaba un bolsón de comida sobre Avenida Blas Parera al 5800.
Desde entonces no hay culpables para la Justicia en relación a la muerte del adolescente en Santa Fe. Un exmilitar que tenía un negocio en la zona se atribuyó el disparo fatal con una escopeta. A Víctor Hugo Clemente le dictaron la falta de mérito luego de haberlo acusado de homicidio en exceso de legítima defensa, pero la familia de la víctima cree que el verdadero autor de los disparos fue su hijo.
La otra muerte que nunca se le atribuyó de manera directa a la policía fue la de Graciela Machado en Villa Gobernador Gálvez. La mujer sufrió un infarto cuando huía de los balazos y los gases lacrimógenos de la policía frente al supermercado La Gallega en Avenida San Martín al 2400.
La Justicia provincial jamás investigó el episodio. La cordobesa de 41 años era madre de nueve hijos, tenía mal de Chagas y murió antes de que pudieran asistirla en el hospital.
En el mismo lugar donde terminó la vida de Machado, la policía santafesina mató a Graciela Acosta (35). En este caso, la víctima falleció por un disparo en la espalda. Mónica Cabrera, amiga de la militante del Partido Comunista (PC) tuvo un rol clave en la causa, ya que entregó la bala asesina e identificó a Luis Armando Quiroz como el tirador.
El periodista Marcelo Nocetti también aportó un testimonio importante para esclarecer el crimen, aunque por eso recibió amenazas y llamados intimidatorios. El locutor reconoció al imputado porque hacía adicionales en el mismo hospital que su esposa. El uniformado recibió una pena de 11 años de prisión confirmada a fines de 2007.
¿Cuántas muertes hubo en Rosario durante la represión de diciembre de 2001?
En Rosario se registraron seis muertes vinculadas a la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001. El caso que tuvo mayor repercusión fue el de Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado en una escuela de Las Flores. Ese barrio fue escenario de otro homicidio, aunque este último no se probó ante la Justicia.
La segunda víctima en la zona sur de la ciudad fue Rubén Pereyra, un joven de 20 años que salió a buscar comida cerca de la autopista a Buenos Aires en medio de los saqueos. La familia del cartonero dijo que agentes de las fuerzas provinciales bajaron de un camión y lo balearon la noche del 19 de diciembre, pero el caso quedó impune.
En los primeros minutos del día siguiente, un chico de 16 años también cayó herido por disparos de la policía en la zona norte de Rosario. Ricardo Villalba recibió un disparo en el cráneo cuando estaba en un pasillo cercano a un negocio de Cabassa y Esquivel. El proyectil le atravesó la cara y murió tres días después en el Hospital Centenario.
Dos de las víctimas restantes en la ciudad fallecieron el 19 diciembre. La primera fue Juan Delgado, un joven de 28 años baleado durante una corrida en el barrio República de la Sexta. Al muchacho lo mataron mientras la policía custodiaba un supermercado de Necochea y Pasco.
En la zona de Bella Vista Oeste, ese mismo día mataron a Yanina García, una madre de 18 años que recibió un disparo en el pecho cuando estaba en la puerta de su casa e iba a buscar a su pequeña hija. La causa se cerró sin culpables por el homicidio en inmediaciones de un supermercado de Pascual Rosas y Pasco. En 2016 inauguraron un mural dedicado “Pichuca” en la Plaza de las Luces.
El último caso fue el de Walter Campos, un chico de 15 años al que la policía persiguió y mató en la zona norte. El asesinato ocurrió la mañana del 21 de diciembre en el cruce de la calle Olivé y el arroyo Ludueña. A mediados de 2004, la Justicia dictó el sobreseimiento de Ángel Iglesias, un sargento de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) que dijo que actuó para proteger a un colega pero sin intenciones de matar.
