Este 29 de marzo se cumple el onceavo aniversario del asesinato de Silvia Suppo. Diferentes organizaciones políticas y de derechos humanos siguen pidiendo justicia por este hecho.
Silvia fue una testigo clave en la denominada “Causa Brusa”, que condenó al juez federal a 21 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos. También fue una de las primeras denunciantes y principales impulsoras de la “Megacausa Rafaela”, que condenó al comisario inspector retirado Ricardo Ferreyra a la pena de 16 años (22 con una condena previa); al comisario mayor retirado Juan Calixto Perizzotti a la pena de 14 años (pero quedó en perpetua al sumar con una condena anterior); a la ex sargento primero María Eva Aebi a la pena de 10 años; y al comisario inspector retirado Oscar Farina, a la pena de 8 años de prisión. Los represores fueron fueron sentenciados por el asesinato de Rubén Carignano; la desaparición forzada de Reinaldo Alberto Hattemer; el secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo Díaz y Graciela Rabellino (sobrevivientes); y el secuestro, torturas, violación y aborto forzado practicado a Silvia Suppo.
Aquel 29 de marzo, dos jóvenes ingresaron a su negocio y la apuñalaron salvajemente. La investigación policial quedó en el ojo de la tormenta, dado que no se preservó la escena del crimen y rápidamente se encontraron a dos jóvenes, Rodrigo Cóceres y Rodrigo Sosa, que se autoimplicaron en el crimen. Nunca quedó claro cómo fue que llegaron a ellos. Tampoco si alguien los envió a cometer el crimen.
El 31 de marzo de 2015, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe los condenó a a prisión perpetua como “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad”. Uno de los fiscales de la causa, Martín Suarez Faisal dijo en ese momento: “es importante asegurar que la investigación de lo ocurrido con Silvia Suppo en marzo de 2010 no termina acá, este juicio sólo se refirió a los autores materiales del homicidio agravado del que fue víctima, que hacía cinco años que estaban en prisión preventiva y debían ser juzgados. Existe otra causa en la etapa de instrucción, con otros imputados, en la que desde hace tiempo se viene investigando las posibles conexiones de este hecho con la participación de la víctima en los juicios de lesa humanidad”.
