La Legislatura porteña sancionó hoy modificaciones a la Ley de Seguridad pública para, entre otros puntos, regular el uso de la tecnología de reconocimiento facial que serviría para detectar y detener prófugos de la justicia, un método objetado por organismos de derechos civiles y actualmente en discusión en varias ciudades del mundo.
La iniciativa fue aprobada con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras concitó el rechazo de 18 legisladores de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos.
El trámite legislativo fue, en este caso, peculiar: el proyecto fue presentado oportunamente por la legisladora Claudia Neira (FdT) y se trató en las comisiones de Justicia y Seguridad, dónde recibió dictamen por parte de los representantes de Vamos Juntos.
Hace un par de semanas, el proyecto recibió un giro a la comisión de Derechos Humanos, donde se esperaba un debate más arduo, pero esa instancia fue finalmente anulada y derivó en el tratamiento definitivo que hoy se le dio en el recinto. Fue ese trayecto que organizaciones de Derechos Civiles denunciaron como carente de debate real, el que sirvió para que el FdT rechazara acompañar la votación.
Claudio Cingolani, diputado de Vamos Juntos, defendió la confección de la ley, dijo que el proyecto votado no sólo no tuvo grandes cambios respecto del presentado inicialmente por el FdT y que, además, se realizaron reuniones con las organizaciones para escuchar diversas posturas.
"Tuvimos una reunión con siete organizaciones civiles preocupadas en este tema, han venido funcionarios del Ejecutivo para despejar dudas", señaló el presidente de la comisión de Seguridad.
En ese mismo sentido, dijo que en la nueva regulación se tienen en cuenta consideraciones sobre dónde se ponen las cámaras y la protección de los datos recolectados, teniendo en cuenta quién, cómo y durante cuanto tiempo puede acceder a ellos.
También distingue diversos usos de las imágenes, sean para el sistema preventivo de delitos, para el sistema "forense" de búsqueda de pruebas y para el reconocimiento facial de prófugos. Además se crea una comisión de seguimiento del sistema de videovigilancia y se otorga un rol de contralor a la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Neira dijo que el objetivo de su proyecto no es crear un sistema sino regular algo que "estaba en la ley desde hace mucho tiempo".
"Esto ya existe en la Ley de Seguridad Pública. Hay 10 mil cámaras que funcionan en la Ciudad y desde hace 2 años funciona el reconocimiento facial", dijo. Sin embargo, señaló que faltó un debate que permita "un equilibrio entre la seguridad y libertad".
"Es un debate que hay que darlo, requiere tiempo y consenso", dijo y estimó que "no se puede hacer marketing con una política de Estado".
Desde el bloque del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman fustigó contra "un proyecto de Neira" que "es defendido por el bloque oficialista" y que "legaliza un cuestionado sistema que ha sido denunciado por discriminación en todo el mundo".
"Esta Ciudad tiene una triste historia de espionaje, persecución arbitraria. Si hay alguien que denunció a este sistema fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se quejó de que le ponían cámaras en la puerta de la casa. Este sistema sirve para la persecución política y la criminalización de la protesta social", argumentó.
Por su parte, Leandro Halperín (UCR-Evolución) estimó que el uso de esta tecnología presenta un "conflicto de derechos" y dijo que "el Estado, lo que tiene que hacer, es establecer reglas para dar previsibilidad a como se resuelven esos conflictos".
El diputado radical señaló que, desde la puesta en marcha del sistema, "no se presentó ningún proyecto de ley" para "regular el uso de las videocamaras" y criticó a quienes "se rasgan las vestiduras diciendo que no puede existir algo que no buscaron prohibir y otros no quieren votar algo que presentaron para regularlo".
Con información de Télam
