El controversial youtuber Yao Cabrera fue condenado este jueves por el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín a cuatro años de prisión. La Justicia lo encontró culpable del delito de reducción a la servidumbre.
Por otro lado, deberá pagar una millonaria suma a la denunciante y, además, será investigado por otros delitos.
La causa en cuestión se remite a 2020, cuando la víctima, querellante y representada por un abogado, denunció al uruguayo por “reducción a la servidumbre”. La mujer había sido contratada a cambio de un salario, vivienda y comida, pero las condiciones, lejos de cumplirse, llegaron a un punto de completa ilegalidad.
La jueza Nadia Flores Vega determinó que Cabrera continúe en libertad, hasta que la condena quede firme con las sucesivas confirmaciones. Asimismo, ordenó que pague la suma de 6 millones de pesos a la víctima en concepto de reparación.
Qué dice la acusación
El expediente de la causa señala que “entre diciembre de 2019 y enero de 2020, Cabrera contrató como editora de videos a GBDM”, tarea por la que le prometió un salario, vivienda y comida.
En ese momento, la denunciante fue a vivir con otras personas en un inmueble del lote 125 del barrio San Marcos (Escobar), en donde, según denunció, “Cabrera la sometió a precarias condiciones laborales”.
“En concreto, jornadas de labor extensas (más de doce horas y a veces un día entero sin descanso); se amenazaba con la imposición de descuentos (multas) -efectivizadas en una ocasión- o la expulsión si no se cumplían las condiciones (grabar vídeos con ciertas personas, replicar material en redes sociales y normas de convivencia); se proporcionaba la comida en mal estado y cantidades insuficientes; solo podía ausentarse de la vivienda los domingos siempre y cuando hubiese concluido con sus labores; y nunca se le pagó el dinero prometido”, señala el texto
A raíz de esto, el youtuber colocó a la víctima en una situación de servidumbre, “aprovechándose de su vulnerabilidad preexistente”.
La víctima fue acompañada, a mediados de 2023, por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Cabe mencionar que Cabrera había sido procesado sin prisión preventiva por la causa hace un año. Se le embargó una suma de tres millones de pesos y una estricta prohibición de contactar a la damnificada o acercarse a ella.
Por otro lado, también se ordenó que se remitan testimonios a la UIF, la Procelac, la AFIP y la Anses para darle lugar a la investigación de otros posibles delitos financieros e impositivos.
