El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dictaminó el procesamiento de tres individuos involucrados en un grave caso de explotación laboral. Los productores agropecuarios Juan Rodolfo Caprioglio y Mario Caprioglio, junto a Mario Antonio García, quedaron imputados como coautores de un delito grave: presunta trata de personas agravada.
La acusación se basa en la gran cantidad de afectados (17 en total) y el ardid utilizado para el reclutamiento. El magistrado dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de los empresarios dueños del campo. A pesar de esta decisión, los involucrados negaron los hechos que se les imputaban.
Explotación laboral en un campo de Córdoba: los detalles del caso
La denuncia que originó la investigación fue realizada en 2022, utilizando la línea telefónica 145. Un padre reportó que sus hijos adolescentes de 16 y 18 años y un sobrino habían sido llevados a una finca. El lugar, ubicado en Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje, se dedicaba a la cosecha de papas.
García habría operado como el supuesto captador, atrayendo a 17 víctimas. Nueve de estas personas eran niños. Se trataba de población extremadamente vulnerable procedente de Villa Atamisqui, de Santiago del Estero. El señuelo ofrecido era una promesa de comodidades habitacionales, alimentación suficiente y un buen sueldo para realizar la tarea agrícola.
La realidad en el predio resultó ser la opuesta a lo prometido, una verdadera “película de terror”. Las personas damnificadas terminaron hacinadas en un inmueble diminuto. Las precarias conexiones de luz representaban un riesgo. El sector sanitario era improvisado, sin techo y solo contaba con una “puerta” hecha de nailon. Luego de agotadoras jornadas de labor sin vestimenta ni herramientas apropiadas, debían descansar en colchones sucios dispuestos sobre el suelo, sin sábanas o frazadas. Algunos improvisaron camas sostenidas por ladrillos. Se documentó que hasta 11 obreros pernoctaron en una sola habitación, en un marco de insalubridad total. Cuando llovía, el agua ingresaba por todos lados, según se describió.
El suministro de agua potable era inexistente, un verdadero “lujo” en el establecimiento. A falta de acceso a líquido seguro, los afectados se vieron forzados a beber directamente del canal de riego de los cultivos. Esta fuente contenía agroquímicos, situación conocida y permitida por García. Respecto a los pagos, el poco dinero que recibían era “en negro” y correspondía a un “adelanto”. El resto del salario era retenido. Además, se les descontaba por la adquisición de alimentos básicos, como mate cocido o galletitas de agua. Si la cosecha no se presentaba de forma adecuada, García maltrataba a los trabajadores, llegando a tirar y vaciar las bolsas de papas. También los amenazaba con hacerles pagar los gastos de transporte si decidían irse.
El fiscal federal Enrique Senestrari pudo confirmar que los hermanos Caprioglio eran los verdaderos dueños del terreno y los pagadores efectivos. Estos estaban inscriptos en el fisco como productores agropecuarios. Pese a que intentaron deslindarse argumentando que arrendaban la finca a García, la investigación corroboró una diferencia socioeconómica que validó la autoría principal de los productores. García cumplía el rol de reclutador y transportista de las víctimas. Durante el operativo judicial, el contratista incluso ordenó a las víctimas que mintieran sobre su edad y el propósito de su estadía, llegando a esconderlos debajo de un puente.
