La posibilidad de que un corrupto o narcotraficante deje de ser dueño de bienes considerados robados o mal habidos rige desde el martes, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri y todo su gabinete. Tres días después se presentó el primer pedido de extinción de dominio y es nada menos que del kirchnerismo contra Gianfranco Macri, hermano del Presidente.
La solicitud judicial de dos diputados de La Cámpora sorprendió no solamente porque la extinción de dominios surgió como asunto de interés público tras el escándalo de las valijas de José López sino también porque el Frente para la Victoria rechaza el DNU presidencial, al que considera inconstitucional de forma y contenido.
Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate realizaron este viernes una presentación ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para solicitarle una audiencia "a efectos de presentarle información y documentación vinculada a la causa 415/2018", conocida como "parques eólicos", con el fin de "recuperar los cinco millones de dólares que están en poder de Gianfranco Macri" fruto de esa operación presuntamente fraudulenta.
Los legisladores recordaron que en la última ampliación de la denuncia judicial Tailhade presentó documentación que acredita que "el hermano del Presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de US$ 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares".
Los diputados del FPV-PJ consideraron que "se impone la apertura del procedimiento que establece el anexo I del DNU 62/19, en tanto se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública".
