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hace 2 horas
La Legislatura tucumana abrió su mesa de ingeniería normativa. En la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, que preside Tulio Caponio, los legisladores Carlos Verón Guerra y José Seleme recibieron al titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Roberto Galindo, para discutir la cirugía mayor que se proyecta sobre la Ley 5854, vigente desde 1987.
En la oportunidad, Caponio subrayó la magnitud de los retoques que se vienen: “Porque el aporte que realizaron nos va a permitir tener una Ley de Obras Públicas más dinámica, más efectiva y con mejores condiciones que la que contamos actualmente. La ley actual, la 5854, es de 1987, bastante antigua, entonces hay muchos puntos para corregir. Si tengo que hacer un planteo general, te diría que hay aproximadamente un 40 o 50 % de la ley que hay que modificar”.
El diagnóstico del sector privado se centra en el corazón financiero de cada proyecto: los pagos.
En ese sentido, Galindo fue directo: “La Ley de Obras Públicas te da hasta 45 o 60 días para cobrar, cosa que en un país con inflación se vuelve difícil de soportar. Por eso hoy planteamos que se implemente un sistema de cobro similar al que existe en otras provincias, donde se cobra en término, o con intereses cuando hay este tipo de desfasajes. Hay que adaptar la ley para que esas cosas no ocurran y la gente pueda trabajar más tranquila”.
Además, Galindo pidió blindar la cadena local de insumos: “Entre las modificaciones a incorporar, se contemple la prioridad de las empresas locales en la compra de materiales para las obras públicas, a fin de evitar depender de proveedores de otras provincias”.
Tras la ronda de propuestas, Caponio marcó el cronograma legislativo: “A más tardar, a fines de junio podrían estar listas las modificaciones de la Ley de Obras Públicas para ser elevadas al recinto legislativo para su correspondiente debate”.
Con esa fecha en el horizonte, la comisión seguirá sumando aportes de cámaras empresarias, municipios y colegios profesionales para que la norma refleje la velocidad y los costos del siglo XXI. Mientras tanto, los constructores afinan lápiz y calculadora: la nueva ley promete definir cuán rápido y con qué reglas se levantarán rutas, escuelas y hospitales en Tucumán.
