La medida fue dispuesta por el juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo.


Días pasados, la empresa provincial Pampetrol realizó una denuncia porque unos puesteros de apellido Llantén, que ocupan desde hace años unos campos donde están los yacimientos Medanito Sur y Salina Grande I, cortaron el acceso e hicieron un piquete para que no se pudiera transitar, reclamando por el atraso en el pago de servidumbres.

Pampetrol adujo que el pago de servidumbres lo está realizando al titular de las tierras, el Ente Provincial del Río Colorado, y que el pasado lunes, en uno de los lotes donde opera esos yacimientos, se habían colocado candados con cadenas en las tranqueras y, por consiguiente, no había forma de llegar a las baterías y los pozos porque no existen caminos alternativos.

El juez hizo lugar a los pedidos de la fiscala Paula Soledad Duscher, mientras que el defensor oficial de los imputados, Claudio Alejandro Martínez Sabio, no adhirió a las calificaciones legales ni a las medidas requeridas por Duscher.

Freigedo formalizó a Carlos Llantén, de 56 años, jubilado, y a Héctor Llantén, de 54, criancero, por estafas especiales (artículo 174, inciso 6 del Código Penal) como calificación provisoria principal, y por seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación (artículo 194), como calificación provisoria alternativa.

Además, ordenó que la Unidad Regional IV, con asiento en 25 de Mayo y a cargo del comisario Luis Alberto Fiks, que “tome las medidas correspondientes a efectos de remover los obstáculos mencionados en los predios afectados para restablecer la actividad realizada por parte de la empresa Pampetrol, de manera urgente” y autorizando a “usar la fuerza pública en caso de resultar necesario“.




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