La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia condenó al ex ministro de Salud de la provincia Jorge Romero por fraude en perjuicio de la administración pública durante su gestión en 2001. Tendrá una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua, según informó el Superior Tribunal de Justicia de Chaco este martes.
La sentencia tiene fecha desde el 9 de noviembre en la Sala Unipersonal 3 de la jueza Gloria Beatriz Zalazar. Se relaciona con el Programa Federal de Salud (PROFE) donde el ex ministro del entonces gobernador Ángel Rozas fue considerado responsable por administración fraudulenta en diez hechos en concurso real. El proceso judicial se alargó por el fallecimiento de algunos de los imputados y por la residencia de Romero en el exterior.
La causa giró en torno a maniobras ilegales para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios que tenían por destino varios hospitales de la provincia. La distribución del dinero se dio en perjurio del Estado provincial de aquel entonces. Dieron cuenta de diez facturas por parte de funcionarios del Ministerio de Salud Pública del Chaco.
El Tribunal de Cuentas detectó que los pedidos de compras tenían sellos falsos y firmas sin aclaración de las personas que efectuaron los pedidos. Con respecto a los supuestos pacientes que serían los beneficiarios, no adjuntaron sus historias clínicas u otro tipo de documentos que justificaran la necesidad de esos fármacos.
Por otro lado, también señalaron que "se verificó la inexistencia de pedidos de insumos, ya que tanto los directores, personal médico e inspectores de zona manifestaron su desconocimiento como así también de las firmas y sellos insertos en los mismos". La jueza afirmó que "las erogaciones realizadas no encuadran en la normativa por no estar acreditada la necesidad de los pacientes".
Asimismo consideró que "fraguaron presupuestos, facturas con numeración dudosas, notas de pedidos con firmas y sellos falsos, las necesidades supuestas de pacientes supuestos, por lo que lógicamente nadie recibió los bienes que se habrían adquirido, con todo se tiene fehacientemente determinada la existencia de la maniobra ilícita del fraude a la Administración Pública".