Desde que dejó la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos no ha tenido descanso en materia judicial, lo que devino en su expulsión como empleado de la municipalidad y una seguidilla de imputaciones por diferentes situaciones irregulares, algunas de las cuales también involucran a su esposa, Claudia Isgró, y su suegra, María Elena Fernández.
El ex concejal a cargo de la comuna sumó un nuevo dolor de cabeza en las últimas horas. La fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi les impuso una caución de un millón de pesos a cada uno en el marco de la causa por las que fueron imputados de 'administración fraudulenta', 'incumplimiento de los deberes de funcionario público' y 'administración infiel', y a ellas por 'fraude al Estado'. De no abonarla, irán a prisión.
Se debe a la investigación por una presunta contratación irregular de una empleada doméstica de Fernández, Laura Fara, en la municipalidad. La mujer denunció que nunca prestó servicios a la comuna y que el matrimonio sólo le abonaba $500 de “asistencia social”, por lo cual el resto de su salario sería percibido por los Lobos.
Por otra parte, la magistrada les interpuso una prohibición de salir al país, a menos que la Unidad de Delitos Económicos expida una autorización. Para asegurarse que cumplen la orden judicial, deberán presentarse en la fiscalía y acreditar su presencia.