La fiscal de Delitos Económicos le impuso al ex intendente de Guaymallén y sus familiares una caución para mantener la libertad.


Desde que dejó la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos no ha tenido descanso en materia judicial, lo que devino en su expulsión como empleado de la municipalidad y una seguidilla de imputaciones por diferentes situaciones irregulares, algunas de las cuales también involucran a su esposa, Claudia Isgró, y su suegra, María Elena Fernández.

El ex concejal a cargo de la comuna sumó un nuevo dolor de cabeza en las últimas horas. La fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi les impuso una caución de un millón de pesos a cada uno en el marco de la causa por las que fueron imputados de ‘administración fraudulenta’, ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público’ y ‘administración infiel’, y a ellas por ‘fraude al Estado’. De no abonarla, irán a prisión.

Se debe a la investigación por una presunta contratación irregular de una empleada doméstica de Fernández, Laura Fara, en la municipalidad. La mujer denunció que nunca prestó servicios a la comuna y que el matrimonio sólo le abonaba $500 de “asistencia social”, por lo cual el resto de su salario sería percibido por los Lobos.

Por otra parte, la magistrada les interpuso una prohibición de salir al país, a menos que la Unidad de Delitos Económicos expida una autorización. Para asegurarse que cumplen la orden judicial, deberán presentarse en la fiscalía y acreditar su presencia.




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