La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Córdoba negó haber incurrido en el encubrimiento de un caso de abuso sexual de una menor de 14 años y rechazó esas acusaciones a través de un comunicado, en el que resaltan que el caso es investigado por la Justicia desde que se presentó la denuncia penal, en 2017.

//Mirá también: El masajista de barrio Ayacucho fue imputado por abuso sexual simple

En tal sentido, en la nota, la entidad religiosa expresó: “Condenamos el abuso en cualquier de sus formas. La postura de la Iglesia es que el abuso no se puede tolerar y quienes lo ejercen, son responsables ante Dios y ante los tribunales correspondientes”, enfatizaron.

//Mirá también: Alta Gracia: encontraron muerto al cineasta francés denunciado por abuso sexual

A continuación, la iglesia mormona criticó el tratamiento mediático del delicado asunto: “La información divulgada en los medios de comunicación no se ajusta a la realidad de los hechos”, fustigaron.

Sobre los hechos, en el texto rechazan cualquier acusación de encubrimiento y enfatizan que “a partir de la denuncia efectuada en el año 2017 por la familia de una joven se inicia inmediatamente una investigación penal por abuso”, indicaron.

La explicación de la entidad religiosa

“Al tomar conocimiento de la denuncia, la Iglesia prontamente proporcionó amplia asistencia espiritual, profesional y económica a la víctima y su familia, en concordancia con las creencias y normas propias que son públicas y de fácil acceso a cualquier interesado”, subrayaron.

En cuanto al pago de la suma referida en publicaciones periodísticas, explicaron que la entidad “sin estar obligada y respetando la normativa que rige en este fuero, con el acuerdo de los padres de la menor y ella misma, los abogados de la familia y el asesor de menores asignado por el Ministerio Público, se firma y se homologa un acuerdo poniendo fin al requerimiento judicial civil en los términos solicitados por la víctima y su familia”, dijeron.

“Es incorrecto sostener que el acuerdo de referencia y su confidencialidad pudieran impedir a la víctima realizar una presentación judicial ya que la causa penal se había iniciado en 2017″, recordaron.