Imputaron a la exsecretaria general de Agremiación Docente Provincial de Salta, Patricia Argañaraz y a la tesorera Ana María Cerezo por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras.
El fiscal Leandro Flores también imputó a Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi por los delitos de delitos de estafas reiteradas y de administración fraudulenta, pero en calidad de partícipes necesarios.
Según la investigación, Argañaráz y Cerezo realizaron intencionalmente actos tendientes a perjudicar los intereses confiados como representantes gremiales, distrayendo dinero y bienes de la institución y permitiendo el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal de ADP, a favor de una entidad de índole comercial, ajena al gremio. Ambas ejercían como fiduciarias del "Fideicomiso de Administración al costo "Virgen De Urkupiña I".
Entre otras maniobras, la ex Secretaria General realizó gestiones dirigidas a lograr la transferencia de un inmueble de propiedad de la Asociación Docente Provincial hacia el fideicomiso privado denominado Fideicomiso de Administración al costo "Virgen De Urkupiña I", sin abonar suma alguna.
Por otro lado, se comprobó la inexistencia de conciliaciones bancarias, pagos de gastos personales ajenos a la institución, pagos indocumentados a través de transferencias además de la emisión y cobranza de cheques de caja de los cuales no fueron registrados como ingreso de fondos en las cajas en el departamento contable, entre otros delitos.
Especialistas contables detallaron que el Fideicomiso creado por Argañaraz y Cerezo para construir viviendas para los docentes no era viable ni legal ni económicamente. La operación económica del fideicomiso era la construcción de 23 viviendas, que tenían 110 aportantes al proyecto y ya llevaba una demora de 2 años, pero no hubo ninguna terminada.