En una histórica condena de la jueza María Lilen Sánchez, el Tribunal de gestión asociado número 4 de Mendoza dispuso el resarcimiento de 14,4 millones de pesos a una de las víctimas en la primera sentencia civil referida a los abusos en el Instituto Próvolo para niños hipoacúsicos.
La condena de la Justicia Civil establece que la Asociación Civil Obra San José –entidad de la que dependía el instituto para chicos sordos en Luján de Cuyo- deberá pagar 14,4 millones de pesos a uno de los sobrevivientes de los tormentosos abusos sexuales en el instituto.
Se trata de la primera condena civil por el caso que fue noticia en el mundo entero y por el que, en el fuero penal, los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi –ya fallecido- fueron condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente.
En la misma causa, el ex monaguillo Jorge Bordón fue condenado a 10 años de prisión, mientras que el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de cárcel.
Esta sentencia, confirmada en las últimas horas, fue impulsada por los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci y los condenados por este episodio fueron los responsables de la asociación Obra San José, de quien dependía el Próvolo en Mendoza.
El fallo fue apelado por lo que antes de hacerse efectivo deberá pasar por dos instancias de revisión. Y, a diferencia de otras causas civiles que se iniciaron en los Tribunales de Mendoza, la acción no incluyó al Arzobispado de Mendoza, sino que fue directamente contra los responsables legales del instituto ubicado en Carrodilla.
Obra San José le pagará a una víctima del Próvolo por los daños
Como la acción no fue iniciada contra la Iglesia Católica como institución, el dinero del resarcimiento no saldrá de sus arcas, ni la del Estado. Será la Obra San José la que deberá responder por la demanda.
Vale informar que en medio de la investigación por el Caso Próvolo –que salió a la luz en noviembre de 2016 y tuvo su primera condena penal en noviembre de 2019-, Obra San José vendió el inmueble a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que construyó su parque cívico en el imponente predio y mudó su edificio municipal central al lugar ubicado en calle Boedo.
Por disposición judicial, ese dinero –proveniente de la Municipalidad de Luján de Cuyo y que acordó pagar en parte en un único pago y luego en 3 cuotas anuales- no quedó en poder de la asociación civil, sino que se dispuso que quede en una cuenta judicial para futuros gastos relacionados a los juicios (incluso, se dispuso crear un fideicomiso).
En simultáneo, las víctimas –por medio de sus abogados- pidieron que se embargue la propiedad, precisamente para que con ese dinero (hoy retenido) se haga frente a los costos y futuras condenas. Y será precisamente de aquí de donde saldrá el dinero para hacer frente a esta condena (y a las futuras).
Barrera y Lanci llevan adelante también otras cuatro causas civiles que se espera tengan desenlace a mediados de 2022. En estos casos tampoco se accionó contra la Iglesia, sino contra Obra San José.
En las instancias previas a esta primera sentencia, que lleva la firma de la jueza María Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociado Número 4 de Mendoza, la parte demandada citó a una compañía de seguros que habían contratado. Sin embargo, desde esta firma alegaron que no responderían por actos dolosos, por lo que la condenada fue la propia Obra San José.