Este jueves 25 de noviembre se cumplen dos años de la sentencia histórica en la que fueron condenados dos curas en Mendoza por los abusos de niños y jóvenes sordos e hipoacúsicos, ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo.

En este contexto, familiares y víctimas de los abusos cometidos en el instituto mendocino reclamaron este miércoles frente a Tribunales porque consideran que el segundo juicio contra dos monjas, directivas y empleadas carece de perspectiva de género, diversidad y discapacidad.

Este segundo juicio tiene como imputadas a dos monjas junto a otras autoridades y empleadas del Instituto. Por lo que determinarán la responsabilidad penal de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Kumiko Kosaka - Próvolo

También se sientan en el banquillo de los acusados la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las ex directoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60).

Junto a ellas estarán la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), cuyas imputaciones giran en torno a la participación necesaria por omisión, es decir que se las acusa facilitar los abusos al no denunciarlos.

Denuncian falta de celeridad en el juicio del Caso Próvolo

El Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo denunció en un documento “que la Iglesia Católica, a través de sus abogados, revictimiza, censura y persigue tanto a sobrevivientes de las vejaciones como a periodistas y otros actores fundamentales en este proceso”.

Además, informaron que junto a la organización Xumek, realizaron una ampliación de la denuncia que había sido presentada en el 2020 en la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Por otra parte, solicitaron celeridad porque de las casi 90 personas que citadas a declarar, entre testigos y víctimas, “solo lo han hecho completamente tres víctimas, en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

“Un procedimiento que tendría que devolverle sus derechos a las víctima está dañando su integridad psicofísica y la de sus familias, dados los constantes ataques de los representantes de la Iglesia que son tolerados por el nuevo tribunal”, expresó Érica, la hermana de una de las víctimas, en diálogo con Télam.