Ignacio de la Rosa
El 25 de noviembre de 2016 salían a la luz los primeros detalles tenebrosos de un caso que terminaría por convertirse en el mayor episodio de abusos eclesiásticos en la historia de Mendoza e, incluso, uno de los más importantes en el país: el Caso Próvolo. Tres años después, también un 25 de noviembre -pero de 2019- un tribunal mendocino condenaba a los dos curas (Nicola Corradi, quien ya falleció, y Horacio Corbacho) a 45 y 42 años de prisión tras encontrarlos culpables de los delitos de abuso sexual de niños sordos y niñas sordas en el instituto, además de episodios de corrupción de menores. Por los mismos delitos, el ex jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de prisión, mientras que en septiembre de 2018 el ex monaguillo Jorge Bordón había sido condenado a 10 años de prisión, también por esos delitos.
Este miércoles 24, a un día de que se cumplan los 5 años desde que salieron a la luz las primeras y escalofriantes denuncias y de que se cumplan los 2 años de la histórica condena contra los curas abusadores, sobrevivientes de los abusos en el instituto religioso de Luján de Cuyo y sus familiares se concentrarán en la escalinata de los Tribunales provinciales. Será a partir de las 12:30, sobre calle Patricias Mendocinas, casi esquina con Virgen del Carmen de Cuyo.
Y es que más allá de los aniversarios que se cumplen este jueves 25 de noviembre, también por estos días transcurre con un insólito hermetismo el segundo de los juicios por los abusos a los ex estudiantes del instituto religioso y que tiene a 9 mujeres imputadas, entre ellas dos monjas. Las otras 7 imputadas son la ex representante legal del instituto, una psicóloga que se desempeñaba en el lugar, la ex cocinera del Próvolo y cuatro ex directoras. A excepción de una de las religiosas -que tiene imputaciones como autora de los abusos también, al igual que los curas ya condenados-, las otras 8 mujeres están en el banquillo de acusadas como partícipes primarias de los abusos “por omisión” (es decir, se considera que no denunciaron o intervinieron de alguna forma para evitar los abusos que tenían lugar en el instituto de calle Boedo de Carrodilla).
“Son 5 años y seguimos exigiendo justicia. Hoy más que nunca necesitamos que la gente no se olvide de nosotros, porque estamos aquí y seguimos firmes con nuestro reclamo. Gracias a todos, pero esto continúa”, destacó Ariel, papá de una de las ex alumnas del instituto que fue víctima de los anuncios y se convirtió en una de las denunciantes claves de la causa.
Insólito hermetismo
En mayo de este año comenzó el segundo de los juicios contra las 9 ex trabajadoras del instituto donde tuvieron lugar los aberrantes abusos. Tras una serie de planteos formales y de pedidos de recusación y de nulidad, finalmente el juicio -que se desarrolla de forma remota, con la mayoría de las imputadas conectadas de forma online- se encaminó y fue avanzando.
Luego de que una de las monjas declarara de forma presencial y los medios dieran a conocer lo más importante que había declarado una de las principales acusadas en este juicio, por pedido de la defensa de la religiosa los jueces dispusieron que no se informara de ningún modo el contenido de las declaraciones de los testigos e involucrados en este segundo juicio.
Esta decisión -sumada a otras situaciones vividas durante el desarrollo del segundo juicio- motivó que en septiembre de este año los chicos que fueron víctimas de los abusos se concentraran y manifestaran -también en la puerta de Tribunales- por “malos tratos y victimización” en este proceso.
“En las familias y en las víctimas que han ido a declarar hasta ahora hay un enojo generalizado. A muchos chicos se los citado mil veces para que vayan y muchas veces ni siquiera han alcanzado a declarar. Han estado horas enteras esperando y sin pasar. Ellos entienden que tienen que hacerlo y por eso se presentan, pero necesitan que sea con ciertos cuidados. Porque es revictimizante. No puede ser que estén toda la mañana esperando, ir para que no se los llame. Muchos chicos vienen siquiera sin desayunar”, destacó uno de los abogados que acompaña a las víctimas en el juicio, Lucas Lecour en septiembre a Vía Mendoza.
La decisión del tribunal de impedir informar públicamente el estado en que se encuentra el juicio y el contenido de las declaraciones de los implicados (acusadas y víctimas) fue oportunamente cuestionada por Ariel, el papá de la sobreviviente ya mencionada.
“Vemos que es una decisión arbitraria de los jueces la de que no pueda intervenir la prensa ni tampoco nosotros, los familiares, para informar lo que está pasando durante las audiencias. Yo no me voy a callar, ya las víctimas se callaron por tanto tiempo. Pero no me voy a callar yo ni voy a permitir que callen a la prensa”, destacó en la misma nota a Vía Mendoza.