El Instituto Provincial de Seguro de Salud (Ipross) puso toda su estructura a disposición de la Justicia en la investigación de una posible defraudación por parte de algunos integrantes del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro a través de la supuesta adulteración de facturas.
El objetivo del Gobierno provincial es que se llegue hasta las últimas consecuencias en la determinación de las responsabilidades de este hecho del cual la obra social sería víctima. De comprobarse la maniobra fraudulenta con un perjuicio económico hacia Ipross, accionará penalmente.
La denuncia que fue realizada por el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro contra algunos de sus propios afiliados, habría generado un perjuicio económico para el Ipross. El convenio data del año 2010 y en su cláusula quinta dispone que la administración del sistema es facultad del Colegio, con las responsabilidades que genere la gestión irregular de esa potestad.
Además al pago periódico de las facturas remitidas por el Colegio de Farmacéuticos, la obra social realiza un control basado en el sistema de muestreo, donde se verifica la presentación formal de la documentación.
La institución denunciada por presunta adulteración o falsificación de las recetas escapa al ámbito de control de la obra social, y constituye un delito de acción pública propio del Colegio de Farmacéuticos, y coloca al Ipross en carácter de víctima del delito denunciado.
Las autoridades del Instituto quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal para colaborar en todos aquellos actos que posibiliten determinar las responsabilidades penales del caso y de confirmarse el presunto perjuicio económico, iniciar las acciones tendientes a perseguir la recuperación del mismo. Según publicó Bariloche 2000.