Paulina Pereyra
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Educación anunciaron que se lanzó una línea telefónica que recibirá llamados de docentes y padres que denuncien que las autoridades de los establecimientos presionan a los alumnos a asistir al colegio, a pesar de haber decidido no hacerlo.
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Luego de que la Corte Suprema falle a favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las clases presenciales, a pesar del DNU del presidente Alberto Fernández, el Gobierno tomó esta nueva medida “para que familias, docentes y no docentes puedan realizar denuncias ante diferentes abusos de las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza”.
Desde el Gobierno se catalogó esta presión por parte de los centro académicos como violencia institucional y se explicó que la línea 0800 se creó “debido a las numerosas consultas recibidas por miembros de la comunidad educativa con relación a la vulneración de sus derechos”.
El Ministro de Educación Nicolás Trotta compartió la noticia en su cuenta de Twitter y remarcó: “Con el fin de resguardar el derecho humano de todas las personas a una educación y un trabajo con salud, el Gobierno Nacional recibirá los reclamos pertinentes y llevará adelante las acciones que correspondan”.
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En el medio de los conflictos entre la Nación y la Ciudad, donde el Gobierno Nacional puso en duda la decisión de la Corte Suprema y el presidente acusó a los jueces de sentenciar a favor de sus candidatos, la creación del canal de denuncias surge como consecuencia de los reclamos de los padres y así agranda aún más la brecha entre gobiernos.
Algunos de los reclamos más reiterados que se mencionaron en el comunicado son las “sanciones a través del cómputo de inasistencias o la puesta en riesgo de sus vacantes, como así también la falta de garantía del cumplimiento de clases a distancia para mantener la continuidad pedagógica”.
Mientras que Alberto Fernández insiste que el DNU se realizó con el fin de “preservar la salud y la vida de nuestra gente” y que lo “apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia”, el lanzamiento de esta nueva medida ya provocó rechazo en la oposición. Mariana Stilman, diputada por la Coalcición Cívica, arremetió en su cuenta de Twitter: “Las instituciones del Estado como recurso militante. Nefastos”.