Francisco Rivarola
El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el cobro del Impuesto a las Ganancias a los jubilados, en el caso de replicarse a la totalidad de las retenciones que realiza la Anses, tendrá un costo fiscal de $ 2.900 millones anuales a valores del año pasado, sin contemplar las de las cajas provinciales, consignó una fuente del Palacio de Hacienda.
"En 2018, el total de retenciones de Anses por impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados fue de $ 5.748 millones, de los cuales $ 3.600 millones correspondieron a haberes mensuales y $ 2.088 millones a retenciones sobre sentencias", señaló la misma fuente.
En este sentido, se aclaró que "el costo fiscal para la Nación es de aproximadamente el 50% de los montos que se dejen de retener, dado que el impuesto a las Ganancias es un impuesto coparticipable".
"La medida alcanza no solo las retenciones de ganancias que realiza la Anses sino también las cajas provinciales", aclaró la fuente.
En este contexto, se recordó que "el pago de Ganancias de los jubilados está establecido por una ley que indica que todos los que reciben más de seis jubilaciones mínimas ( $62.462,22), deben pagar el impuesto".
"Sólo el 2% de los jubilados de Anses gana más de seis jubilaciones mínimas, aproximadamente 150.000 personas, con lo cual el impacto es marginal", explicó.
La decisión "impactará fiscalmente en la medida en que la Corte avance en la sentencia de las causas individuales, algo que podrá ocurrir o no a lo largo del tiempo".
La Corte Suprema resolvió que es inconstitucional cobrarle el impuesto a las Ganancias a los jubilados, en el caso particular de María Isabel García, pero que se proyecta a centenares de causa que tramitan ante el máximo tribunal e instancias inferiores; y miles de casos de jubilados que, por superar un haber mensual de $62.462,22, pagan el tributo.
La decisión, que ordenó devolver a la jubilada lo que se le retuvo desde que promovió la demanda en 2015 -cuando tenía 79 años de edad- y cesar la deducción de sus haberes previsionales, fue tomada por mayoría.
La vicepresidente de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rossatti votaron por confirmar las sentencias de primera y segunda instancia de la justicia federal de Paraná, en tanto que el presidente Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia.