Con 23 a favor y 17 en contra se promulgó la ley que obligará a trabajadores del Estado a pagar el impuesto al igual que privados.


La Legislatura aprobó ayer el Impuesto a las Ganancias para los sueldos estatales. Hubo quejas y oposición de sindicatos, el FpV y el peronismo. El oficialismo planteó que “hay que cumplir la ley nacional” vigente desde 1973 y sería una forma de equilibrar la balanza con los privados que pagan el impuesto desde hace años.

Con 23 votos a favor y 17 en contra, la Legislatura de Río Negro ratificó el Consenso Fiscal 2018 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck con el Gobierno Nacional el pasado 13 de septiembre que implicó el compromiso de cumplir con la ley de Impuesto a las Ganancias para los sueldos estatales.

La Legislatura de Río Negro amaneció vallada ayer y con refuerzos en la seguridad por el tratamiento de Ganancias.

El legislador de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Leandro Lescano fue el encargado de defender el proyecto. Lescano recordó que la ley nacional de Impuesto a las Ganancias data de 1973 y es una obligación impuesta que ya pagan miles de argentinos y de rionegrinos pero era aplicada de manera dispar.

Lescano remarcó que los cálculos son complejos y por ese motivo se dio un plazo máximo de 240 días para su aplicación. Esperan que puedan trabajar el tema con los distintos sindicatos para “llevar tranquilidad” a los estatales.

“No estamos de acuerdo en que los trabajadores paguen ganancias, pero nosotros no tenemos la capacidad de legislar sobre leyes nacionales. A pesar de las promesas de campaña de derogar el impuesto a las ganancias lo único que ocurrió fue alguna modificación en la tabla de las escalas. Hoy sigue existiendo y a corto plazo no hay avisos que vaya a modificarse sea cual sea el gobierno que haya a partir del 10 de diciembre”, planteó.

Empleados judiciales habían ocupado el sexto piso de la Legislatura en protesta contra el proyecto que aprobaría el pago del Impuesto a las Ganancias para estatales en Río Negro.

Lescano también indicó que el acuerdo con el Gobierno Nacional apunta a implementar un criterio más equitativo entre las distintas jurisdicciones y hacia adentro de la provincia donde hay desigualdad entre el sector privado y el público.

Al respecto, el legislador señaló que el primer inciso habla de derogar disposiciones y decretos provinciales. “La incertidumbre se comprende. Se explicitó en las comisiones y ahora se ratifica que cuando se habla de 120 días que me animo a decir que son 240, y van a ser en forma participativa y elaborada con los gremios”, indicó.

Por otra parte, aseguró que “no hubo especulación electoral” porque el tema fue informado cuando Weretilneck firmó el consenso en septiembre de 2018. Desde la oposición, el legislador del Frene para la Victoria (FpV), Nicolás Rochás adelantó el voto unánime en contra de la ratificación.

Debido a esta situación el miércoles pasado, la Legislatura amaneció vallada y con refuerzos de seguridad.

“Es un ejercicio de coherencia. El proyecto es malo y perjudicial para los trabajadores. Es la segunda parte del pacto fiscal y es mucho peor. Esto es ajuste al bolsillo de los trabajadores del Estado. A partir de hoy, no hay otra cosa más que incertidumbre”, sostuvo.

Los bloques minoritarios de la UCR y la CC-ARI votaron a favor de la ratificación del consenso y cuestionaron al Congreso de la Nación por los valores de mínimo no imponible y las alícuotas. Además sostuvieron la necesidad de equilibrar el pago entre los trabajadores privados y los de la administración pública que prácticamente no realizan aportes.

Por su parte, los monobloques Fuerza Popular y CFK Argentina votaron en contra. La sesión se realizó con la Legislatura vallada y un control estricto para el acceso a la cuadra. Según publicó VDM.






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