Ciudad a ciudad, Argentina en red | lunes, 12 de mayo de 2025
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“Queremos saber si lo de Baigorria es la punta del iceberg o fue un hecho ilegal más, entre otros iguales pero que no salieron a la luz”, dijo el legislador socialista, Joaquín Blanco.
Después de la marcha en todo el país por el escandalo del “vacunatorio VIP”, Alberto Fernández, blindó los datos que involucran a funcionarios de las provincias por pedido de los gobernadores pero ya hay un pedido de informes en el Ministerio de Salud de la Nación.
El escándalo que puso en la mira a toda la plana política nacional, llegó al funcionariado de Entre Ríos donde empezó a conocerse quienes fueron beneficiados.
El fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel, entendió que lo presentado “carece de suficiente aptitud para promover proceso penal y emprender una investigación penal en virtud de que no contiene una mínima precisión ni identificación de los datos necesarios”. El denunciante anticipó que apelará la medida.
Ricardo Bazla le envió una carta de documento para que informe la cantidad de personas que se han inmunizado.
El periodista reveló que había accedido a la vacuna Sputnik V tras una gestión ante el entonces ministro de Salud Ginés González García.
El diputado Hugo Ávila pide que se investigue la aplicación de vacunas a intendentes y funcionarios que “no se encuentran en los grupos prioritarios”.
La líder de la Coalición Cívica apuntó contra el presidente al considerar que no podía “desconocer” lo que sucedía.
La ministra de Salud local se refirió al escándalo con las vacunas de privilegio, asegurando que los únicos funcionarios vacunados mendocinos son del Ministerio de Salud. Además se mostro ilusionada con Vizzotti y criticó a Ginés.
En una solicitada, los radicales de la provincia habían acusado a los funcionarios de actuar “con mansedumbre bovina”.
