Los taxistas de la provincia, cansados de los asaltos constantes en su horario laboral, decidieron realizar un paro y movilización en la Casa de Gobierno. El principal reclamo se basa en encontrar una solución para evitar una perdida mayor, ya que en solo cuatro días fueron víctimas de nueve asaltos.

Los trasportistas culpan directamente al Gobierno provincial por no darles una respuesta ante esta problemática. “Nos están cagando a tiros”, expresaron los trabajadores.

Durante toda la jornada este martes la Asociación de Titulares de Taxis llama a un paro y posterior concentración a partir de las 8.30 en la ex terminal de ómnibus de la capital.

“Nos preocupa y nos obliga a encontrar una solución entre todos y que no tengamos que lamentar una pérdida humana”, sostuvieron desde la entidad que nuclea Jorge Fernández para diario El Chorillero.

“Creemos que ya es insostenible seguir soportando tantos hechos delictivos, en contra de nuestros compañeros”, afirmaron desde la Agrupación Los tacheros de San Luis. Además, señalaron que los encuentros que tuvieron con la policía no les ayudo en absoluto y según ellos solo recibieron “mentiras”.

Imagen de archivo- manifestación

Reclamo docente

Por otro lado, el sector docente también decidió realizar paros en el área de la educación. Exigen al Gobierno provincial que se cubran los cargos vacantes ya que muchos profesionales se encuentran sin empleo.

“Basta de precarizar la educación” es el lema de la movilización que se realizará este lunes cinco de abril en las juntas de clasificación a partir de las 10.30.

Luego de una asamblea virtual realizada la semana pasada, se decidió reclamar por los espacios curriculares liberados donde se debería publicar interinatos, suplencias y que se difundan los órdenes de méritos para los cargos concursados. La exigencia es consecuencia de un relevamiento en unos 60 o 70 establecimientos donde se encontraron con varios lugares vacantes.

La secretaria General, Soledad Correa Amiotti, señaló para Diario El Chorrillero. “Me parece que es una decisión de inversión que debe hacer el Estado provincial. Si no pasa por ahí la verdad que no se entiende”.