Piden que el fondo anticíclico incluya a otros sectores además del vitivinícola

Reclaman que la asistencia sea extensiva a todos los rubros que atraviesan una crisis en Mendoza. 

Metalúrgico
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La Federación Económica de Mendoza (FEM) expresó su respaldo al proyecto presentado por el gobernador Alfredo Cornejo para crear un fondo anticíclico para el sector vitivinícola, pero solicitó que también incluya a otras actividades productivas de la provincia.

El pedido fue realizado en una carta dirigida al mandatario provincial, en la que el organismo expresa su opinión sobre el proyecto que impulsa el gobierno para implementar un fondo anticíclico de $1.000 millones por año, durante cuatro años, a acciones que permitan estabilizar al sector vitivinícola.

La FEM señaló "que en principio está totalmente de acuerdo y apoya la creación de este fondo"y agregó que "además valora enormemente la decisión política de brindar un apoyo económico de esta naturaleza para una actividad productiva, una de las más importantes de la provincia".

Sin embargo, manifestó "que Mendoza no es sólo vitivinicultura" y en ese sentido remarcó que "por ejemplo en la FEM están integradas cámaras territoriales que representan las distintas actividades económicas y también la componen asociaciones o cámara específicas que defienden a cada una de sus actividades o producciones".

En ese sentido, en la misiva la FEM le solicitó a Cornejo "que el fondo anticíclico incluya a las otras actividades productivas de la provincia y que no sea sólo destinado a la vitivinicultura".

"De esta manera ayudaremos y protegeremos también las otras actividades, con lo que evitaremos una tendencia o promoción a un monocultivo", argumentó en uno de lospasajes de la carta el organismo.

El proyecto impulsado por el oficialismo tiene como objetivo "estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, para darle mayor previsibilidad a toda la cadena de valor, a través de una política anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos".

El proyecto solicita la autorización para la toma de un endeudamiento que permita al Ejecutivo establecer un plan Plurianual de intervención directa en el mercado, cuya vigencia será desde el ejercicio 2019 hasta el ejercicio 2022 inclusive (cuatro años),