Con la temporada turística de verano ya en marcha en Córdoba y con la vuelta del transporte interurbano desde hace algunas semanas, después de nueve meses, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) emitió un fuerte comunicado en el que expone la “dura realidad” de las empresas que brindan este servicio y solicita asistencia al Gobierno provincial.
“Existen más de 15 pymes del transporte interurbano y urbanos del interior de la provincia en estado de virtual quebranto. Esta realidad pone en jaque a 1.800 empleos y dejarían sin conectividad con la capital a 65 localidades del interior y sin servicio urbano a una decena de ciudades”, advirtió Fetap en el comunicado dado a conocer este lunes.
A su vez, desde la Federación apuntaron a la distribución de los subsidios y enfatizaron que con el presente esquema, adecuado a la pandemia de coronavirus “las 44 empresas del transporte interurbano habrán perdido, en conjunto, más de 115 millones de pesos dado los altos costos operativos, la asimétrica y discriminatoria compensación del Estado provincial con respecto al urbano de la ciudad de Córdoba y la imposibilidad de cubrir los costos con los pasajeros existentes”.
“Este mes, el sistema cubrirá 2,5 millones de kilómetros, es decir, poco más del 22 por ciento de la distancia que recorrían en un mes normal pre-pandemia, con pérdidas de 115 millones de pesos de los cuales el 60 por ciento será absorbido por empresas que realizan más de 60 kilómetros, es decir, las que menos compensaciones tarifarias reciben, mientras que 40 por ciento será cubierto por empresas que recorren menos de 60 kilómetros”, detallaron.
Los empresarios explicaron que sus compañías “no trabajan desde abril último y no tienen ingresos ni recursos para la compra de gasoil, lubricantes, baterías u otros insumos. Esto se suma a una ruptura de la cadena de pagos y el progresivo deterioro del parque móvil”.
“Palo” al Gobierno
Fetap solicitó al Gobierno provincial poner en marcha un acuerdo multisectorial y la reasignación de partidas. Los empresarios consideraron que “parte de la solución” llegaría “destinando partidas de los Programas de Gobierno Boleto Adulto Mayor (BAM), Boleto Educativo Gratuito (BEG) y el Boleto Obrero Social (BOS), y que no fueron ejecutadas este año”.
Incluso, pidieron por “los fondos que el Estado Provincial congeló y suspendió arbitrariamente desde junio de 2019 u otras partidas que el Ejecutivo provincial determine, en uso de sus facultades”.
Y especificaron que “las empresas están dispuestas a trabajar sin ganancias ni renovación de unidades por un tiempo determinado, en procura del sostenimiento del transporte, pero es inútil obligar a poner en marcha un sistema que materialmente está imposibilitado de operar y, más aún, bajo amenazas de quita de subsidios y de licencias para los corredores”.
“No es verdad que las empresas no quieren prestar servicios, ni que quieren vivir del Estado, tal como se aseguró en algunas declaraciones periodísticas infundadas; sencillamente, no pueden y sólo pedimos una correcta regulación esencial para el desarrollo del sector que, además, proporciona 2 ó 3 veces más puestos de trabajo que cualquier otra actividad”, concluyen.