La diputada nacional Roxana Reyes y el diputado provincial Daniel Roquel, ambos legisladores de la oposición, se presentaron en el Juzgado Federal de Río Gallegos para denunciar la posible adulteración de datos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria.
Los legisladores aseguraron que “se falsificó información y se alteraron registros públicos para hacer aparecer a funcionarios y amigos del poder como personal sanitario y así justificar su vacunación express”.
Tras conocerse que se cargaron en el sistema para ser vacunadas a personas como si fueran personal de salud cuando en realidad no lo son, se realizó una denuncia penal. Al respecto, Reyes indicó que espera que estas denuncias avancen y se obtengan resultados.
Se exige que se investigue el posible delito de incumplimiento del deber de funcionario público, la falsificación de documentos, y si se llevaron adelante acciones que pongan en riesgo la salud pública.
El documento presentado en la justicia fundamenta: “atento la posible ocurrencia de delitos de acción pública, tipificados como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, violación de la normativa nacional para evitar la propagación de una pandemia y falsedad ideológica, al ingresar datos falsos u omitir el ingreso de datos verdaderos, en la base de datos del ministerio de Salud de la Nación dispuesta para el registro y seguimiento de la vacuna contra el Covid-19”.
Los diputados aclararon que el plan de vacunación nacional establece que tendrán prioridad para ser vacunados los profesionales de la salud, de seguridad, los adultos mayores de más de 70 años, las personas con riesgos de enfermedad grave y el personal docente y no docente, para luego continuar de forma escalonada con el resto de la población.
“Los funcionarios que violaron los deberes de funcionarios públicos, malversaron bienes públicos y abusaron de su autoridad para saltearse el esquema de prioridades de vacunación para vacunarse ellos, sus allegados y familiares deberán hacerse cargo y responder a las consecuencias”, dijo por su parte Roquel.
Patrocinados por el abogado, Dr. Javier Stoessel, tanto Reyes como Roquel solicitan ser tenidos como parte querellante por considerarse “damnificados” en su carácter de ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. “Basta de impunidad”, exclamaron.