Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo de 24 años Antonella Delmonte realizó un completo descargo, tras haber sido acusada de recibir la vacuna contra del Coronavirus de manera irregular en Merlo.

La denuncia fue realizada por el director del hospital “Héroes de Malvinas” ante la Justicia de Morón. La chica habría mentido al momento de completar sus datos, señalando que pertenecía a un grupo de riesgo, más precisamente que trabajaba en el sistema de salud.

“Mi nombre es Antonella Delmonte. Como todos sabrán, tengo 24 años de edad. En los últimos días he sido víctima de una persecución en la que lo menos grave que se me dijo fue que había cometido un ilícito. Fueron muchas personas que, por imprudencia, utilizaron fotos mías para dañar mi imagen e inventar una historia que no es cierta”, comienza el descargo.

El descargo de Delmonte. (Foto: Instagram)

Y continúa: “Se me acusa de haber saltado la fila para tener una vacuna contra el Covid, con todo tipo de comentarios misóginos que lo único que a lo que tendieron fue dañarme por mi condición de mujer”.

Delmonte detalló que se desempeña como recepcionista en el consultorio de una profesional de la salud, quien le indicó que debía vacunarse para continuar al frente de sus tareas.

“Me inscribí para recibir la vacuna a través de la aplicación oficial de la provincia de Buenos Aires. Se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna. Concurrí al vacunatorio con un certificado expedido por mi empleadora que indicaba mi condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo”, señaló.

El descargo de Delmonte. (Foto: Instagram)

No engañé al sistema, no tengo una pareja que trabaje en la política, no le saqué la vacuna a nadie, no cometí ningún delito”, subrayó la modelo que, asimismo, manifestó que presentará las pruebas que sean necesarias pero en el ámbito que la Justicia disponga y cuándo la convoquen.

El fiscal Alberto Ferrario la notificó el pasado jueves acerca del inicio de un proceso penal en su contra. Se la acusa de presunta “falsedad ideológica de instrumento público”. Este delito prevé penas de uno y seis años de prisión.