Javier Álvarez
Roberto Feletti desembarcó fuerte en la secretaría de Comercio Interior: convocó a los productores y comercializadores de alimentos, bebidas, artículo de limpieza y de higiene personal y los “invitó” a acordar el congelamiento de precios de 1.247 productos hasta el 7 de enero.
Se trata de una decisión que el Gobierno de Alberto Fernández toma en un marco de desesperación. Este jueves se conocerá el dato de inflación de septiembre y se confirmará lo que anticipó este medio: fue más alto que el de agosto y se cortó la desaceleración de precios.
El dato mensual de septiembre estará cercano al 3% y el anual podría superar el 52%, un guarismo que generar terror en el Frente de Todos a cuatro semanas de las elecciones legislativas en las que incluso se podría agravar la derrota a manos del opositor Juntos por el Cambio.
Feletti se mostró decidido y afirmó que la medida cuenta con el total apoyo del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Llamó a un acuerdo, pero avisó que si no había consenso, la decisión iba a regir igual porque la decisión política es la de “cuidar el bolsillo” de los consumidores.
Al lado del funcionario, el nuevo equipo: la ex ministra de Industria de Cristina Fernández de Kirchner, Débora Giorgi, y Antonio Mezmezián, militante del PJ y compañero de Feletti en La Gran Makro, organización de economistas kirchneristas.
A las 10:00, los funcionarios recibieron a los productores liderados por el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.
A la mesa se sentaron representantes de Swift, Ledesma, Sancor, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever, Fecovita, Mastellone, Kimberly Clark, P&G, Marolio, Bunge, Colgate, La Virginia, J&J, Molino Cañuelas, Mondelez, Queruclor, Pepsico, Quilmes, Arcor, Las Marías, y Nestlé, entre otros.
Al encuentro Feletti llegó con un preacuerdo que había sido trabajado por su antecesora, Paula Español, para ampliar el programa Precios Cuidados (que venció a principio de mes) de 670 productos a 900. Y allí se planteó la idea de elevar la oferta a 1.247 artículos, con valores del 1 de octubre y con vigencia hasta el 7 de enero de 2022. Según un empresario que participó de la reunión, el funcionario fue directo en cuenta a que habrá controles masivos de precios y de abastecimiento, con multas millonarias para quienes no cumplan.
En un comunicado, Comercio Interior señaló que la convocatoria tuvo como “eje” plantear “claves para seguir cuidando el acceso a los productos de la canasta básica, ampliar los mercados, dialogar acerca de los programas de la secretaría, la Ley de Góndolas, y fortalecer el monitoreo de las iniciativas”.
Ahora, las empresas tienen un plazo de una semana para enviar las listas de precios a los valores que tenían el 1 de octubre. Sobre esa base, los inspectores de Comercio Interior, con ayuda de los gobiernos provinciales, controlarán el cumplimiento.
A las 11:30, los funcionario recibieron a supermercadistas de Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás, Carrefour, Diarco, Maxiconsumo, NINI, Makro, de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Mayoristas.
Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU, explicó al salir de la reunión que se le planteó al Gobierno que la cadena de comercialización respetará el acuerdo, pero también expresó su preocupación en cuanto al abastecimiento.
Los supermercadistas pidieron que la “foto” de las condiciones de distribución y comercialización se mantenga inalterada tal cual fue el 1 de octubre, para que no se modifiquen las bonificaciones ni los plazos de pago, dado que en otras experiencias similares hubo “aumentos encubiertos” por esas vías.
Feletti y Giorgi respondieron que los proveedores habían garantizado que iban a sostener el abastecimiento y las condiciones comerciales. Y dijeron que el objetivo es “parar la pelota” durante tres meses para que el salario no siga perdiendo con la inflación.
Según Feletti, el peso de la canasta básica alimentaria equivalente para un adulto mayor era del 9% del salario promedio en diciembre de 2019 y en agosto de 2021 (la última medición) alcanzó el 11%. “Ese peso queremos disminuir en un marco de diálogo y de acuerdo”, dijo el funcionario.
Para Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo, la decisión es acertada porque “hay que darle un alivio a los bolsillos y en eso se va a trabajar”. El empresario consideró que es momento de una mayor competencia entre los supermercados.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.