Este viernes Amnistía Internacional hizo referencia a la derogación del decreto de la gestión de Mauricio Macri mediante un comunicado de prensa en la que puntualizaron que celebran ”la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que había significado un fuerte retroceso para la política migratoria argentina”.

En este sentido, señalaron que “tras más de cuatro años de una amplia movilización de la sociedad civil y denuncias de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno puso hoy fin al DNU que había modificado la Ley de Migraciones Nº 25.871”.

Migrar es un derechoDiario Popular

La directora de Política y Justicia internacional de Anmistía Internacional Argentina, Mariana Fountoura Marques, manifestó a Télam que la derogación publicada en el Boletín Oficial “es importantísima porque fue un hito en el retroceso de la política migratoria de nuestro país, que hasta ese momento, era ejemplo en el mundo”.

En el mismo sentido, recordó que “desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales”.

”El decreto no solo modificaba la ley de Migraciones Nº 25.871 que era ejemplo en la región y destacada en el mundo porque reconocía la migración como un derecho y garantizaba el acceso igualitario, sino que además, el decreto derogado, cambiaba el paradigma y empezaba a asociar la migración con un proceso vinculado a la criminalidad”, explicó.

Marques añadió que no se trata de un debate “ideológico” ya que la aplicación de ese decreto “tuvo la condena de distintos organismos de DDHH dentro de Naciones Unidas, entre ellos la del Comité de Trabajadores Migratorios, el Comité Contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño”.

”Todas estas instancias denunciaron el peligro de esta normativa y muchas de ellas pedían directamente la derogación de esta norma porque era clara y comprobadamente una norma violatoria de los derechos humanos”, añadió.

En el mismo sentido, remarcó que el decreto “violaba, el principio del debido proceso, el derecho a contar con asistencia y defensa legal, el derecho de reunificación familiar, entre otros derechos”. Como ejemplo, citó el caso de la joven peruana Vanesa Gómez Cueva cuya expulsión del país se dio pese a que “hacía 15 años que vivía en el país, tenía tres hijos argentinos, y fue expulsada con su bebe lactante, dejando a sus otros dos hijos atrás de los que ni siquiera se pudo despedir”.

La especialista recordó que como consecuencia de este accionar, ocho meses después, “en 2019 Argentina tuvo que volver atrás en la decisión frente a la ONU en el marco del pedido de revisión de su política migratoria”.

Con información de Télam.