Amnistía Internacional le solicitó al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla quien estuviera en Formosa el día miércoles pasado, que se ocupe de investigar las denuncias realizadas como consecuencia de las políticas sanitarias aplicadas por el gobierno de Gildo Insfrán para prevenir el COVID 19.

Le exigió que condene las violaciones a los derechos humanos y que el organismo recibió innumerables denuncias de personas alojadas en los centros de aislamiento que fueron trasladadas de manera compulsiva en establecimientos, en donde entraron sin cursar la enfermedad y se terminaron contagiando.

Amnistía se refirió también a las cuarentenas que se extendían más de 30 días por la demora en los resultados de los hisopados y la incertidumbre que esto provocaba en las personas que ignoraban su estado de salud.

De la misma manera le pidieron que investigue las situaciones de hacinamiento, la falta de higiene, la falta de ventilación, la provisión escasa de alimentación de mala calidad, “La utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/niñas para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad”.

“Por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria”, explicaron en la nota.

Estimaron que nunca una política sanitaria puede ser exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. Además aseguraron que la vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. “El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de Gobierno”.

Ante estos planteos él organismo le exigió a Pietragalla que brinde, “una respuesta a la altura de las denuncias recibidas” y considera que, si bien “no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención”, el contexto actual “exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos. La grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno y demandan su intervención de forma urgente”, dice el documento.

Finalmente le exigieron al funcionario del presidente, Alberto Fernández, que: “No convalide una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario y, en consecuencia, a violaciones a sus derechos”.