Con motivo de la causa de los cuadernos de las coimas, el juez Claudio Bonadio procesaría a Cristina Kirchner por dirigir una asociación ilícita, según informa Clarín. Pero además pediría el desafuero y la detención de la exmandataria.
“Una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”, indica un informe que había divulgado Bonadio.
Además, el juez señaló que la propia Cristina y exfuncionarios del kirchnerismo recibían dinero ilegal por parte de "empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
Por su parte, el fiscal Stornelli destacó que los procedimientos delictivos comenzaron en 2003 y duraron hasta 2015. Asimismo, indicó que el sector energético, la obra pública civil y el transporte eran las tres áreas en las que el gobierno K recaudaba; llegaron a esos tres nuevos expedientes a partir del aporte de los imputados colaboradores.
Con respecto a la operatoria, el juzgado en cuestión precisó: “Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)”.
La última fase consistía en "derivar (la plata) a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido".
