El presidente Alberto Fernández, su exministro de Salud Ginés González García, la actual ministra Carla Vizzotti y el empresario farmacéutico Hugo Sigman serán investigados, luego de una denuncia impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan por el contrato del Estado con Sigman para la producción de vacunas de AstraZeneca en el país.
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Los supuestos delitos que abarca la acusación son: abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez Julián Ercolini, junto a Marijuan, está de esta causa. Según consignaron a Clarin, la fiscalía ya habría pedido el allanamiento del ministerio de Salud y el laboratorio Mabxience, de Sigman. Pretenden encontrar los contratos y las constancias de pago o transferencias de dinero realizadas en ese contexto.
“En este momento se entregan órdenes de presentación para que cumplan con la entrega de estos documentos”, señalaron desde Tribunales.
La denuncia fue presentada por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario”, Acción Conjunta Republicana, por “malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, durante el proceso de negociación para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, que privilegiaron al empresario Hugo Sigman por sobre otros oferentes.
En el expediente se argumenta que el Ministerio de Salud admitió haber desembolsado más de 53 millones de dólares sin que se le haya hecho entrega hasta el momento de las 22.400.000 vacunas comprometidas.
Según su propia definición, Acción Conjunta Republicana es “un espacio federal apartidario que nuclea a ciudadanos argentinos autoconvocados de todo el país y el exterior, en defensa de la independencia de los poderes del Estado y del fiel cumplimiento de la Constitución Nacional”.
La denuncia destaca que “el vínculo del Gobierno con Sigman ha sido motivo de polémica casi desde el inicio de la pandemia”. “El entonces ministro Ginés González García habría atado toda su estrategia a la vacuna que produce quien sería su amigo, dejando de lado otras negociaciones que podrían haber facilitado las cosas. Recién cuando la vacuna de AstraZeneca tuvo problemas en los ensayos, el Gobierno salió de urgencia a negociar con Rusia y China”, aseguran los denunciantes.
Y sigue: “Las negociaciones con el laboratorio Pfizer fueron delegadas por el exministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”.
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Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud. Ella, y el subsecretario de Gestión Administrativa de Salud, Mauricio Monsalvo, también fueron denunciados.
“Esta negociación se habría encontrado con la voracidad empresarial de Sigman, que con su ascendencia sobre el presidente y el ministro de Salud consiguió que lo consideraran como el ‘Plan A’”, señala el documento.
“Las declaraciones podrían ser inocuas, si no fuera porque, aunque al momento de la denuncia sigue sin haber llegado ni una sola dosis de la vacuna. Todo este desmanejo incomprensible ha puesto la salud y la economía de todos los argentinos en jaque”, enfatiza la denuncia.
