Se cumple un año del inicio del juicio “La Huerta” por delitos de lesa humanidad en Tandil

El viernes continuarán las declaraciones testimoniales.

"La Huerta", en Tandil
"La Huerta", en Tandil

El juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “La Huerta”, en Tandil, que se desarrolla ante la justicia federal marplatense, cumplirá la próxima semana un año desde su inicio y el viernes continuarán las declaraciones testimoniales.

El proceso comenzó el 25 de febrero del año pasado ante Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y tiene sentados en el banquillo a 24 represores y dos civiles, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en las ciudades de Tandil y Azul.

La de este viernes será la audiencia 26, en un juicio que ventila hechos cometidos en perjuicio de 118 víctimas en el marco de la causa denominada “La Huerta” en la que se investigan crímenes perpetrados en el campo General Mariano Necochea (conocido como “La Huerta”), en la “Quinta de Méndez”, en el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y en las comisarías primera y segunda de Tandil; y casos acumulados en otra investigación instruida en Azul por delitos concretados en esa ciudad y en Cacharí, Saladillo y Las Flores.

Entre los acusados están los hermanos Emilio y Julio Méndez, que fueron condenados en 2012 a 15 y 11 años de prisión por prestar su quinta de Tandil donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977 y que en 2021 fueron absueltos por la Cámara Federal de Casación luego de que a fines de 2020 la Corte Suprema ordenara que se volviera a examinar la condena que en su momento había dictado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Qué es “La Huerta” en Tandil

”La Huerta” es un predio rural ubicado en la Ruta 226 y el camino a la Base Aérea Militar Tandil que supo estar a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada y que hacia 1984 fue reconocido como centro clandestino durante la última dictadura en el marco de las tareas desplegadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).