El 28 de julio de este año, Mía, una alumna de segundo grado del Colegio San José, regresó a su casa después de tener clases. Se quejaba de dolores y le comentó a su mamá, que la llevó de un médico. Éste confirmó que hubo un manoseo, un abuso sexual. Allí comenzó uno de los escándalos más resontantes de los últimos tiempos. En particular, porque no era la primera denuncia de este tipo para la institución educativa privada y religiosa.
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Al día siguiente, al mediodía, los padres del resto del curso reclamaron respuestas a las autoridades del Colegio. Es que la nena había dicho que el responsable “vestía como maestro”. Balbuceantes, dijeron que todo se solucionaría, porque contaban con las imágenes de las cámaras de seguridad. Apenas unos días más tarde, se sabría que no era así: estaban rotas y no las almacenaban. Tras el tenso encuentro, los padres hicieron un abrazo a la institución que depende del Obispado.
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El viernes, los alumnos del secundario decidieron no concurrir a clases y convocaron a una sentada. El principal reclamo fue la implementación de Educación Sexual Integral: hasta ese momento, se daba “Educación para el Amor”. Fue la primera de muchas masivas movilizaciones, en reclamo de Justicia: ese día, fueron a la Fiscalía. Al final de ese día, se conocería que, al menos por unos días, se suspenderían las clases de forma presencial. Más tarde, la mayoría de los padres estuvo de acuerdo con el regreso a la presencialidad. Incluso, sin haberse apartado a los docentes varones.
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La actuación de la Fiscal Ángela Capitanio estuvo objetada. Es que algunos entendieron que tuvo demoras que determinaron en la pérdida de pruebas claves para la causa: las cámaras de seguridad y también la preservación del baño, que sería la escena del crimen. Desde el MPA negaron que se la hubiera apartado, sino que se complementó su trabajo con el de Flavia Burella, que participó en una cámara Gesell, como integrante de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Unidad Fiscal Rafaela de la Fiscalía Regional de la Quinta Circunscripción Judicial.
La familia ya había tomado la decisión de contratar a unos abogados como querellantes: Carlos Farías Demaldé y José Silvela. Fueron ellos los que dejaron en claro que la única entrevista que tuvieron con el Obispo Luis Fernández había sido un fracaso. Un mes después, abandonaron la causa. No sin escándalo: justo el 28 de agosto, en declaraciones a una radio de Santa Fe, Vanesa, la mamá de la nena abusada, daba a entender que el único motivo por el cual habían renunciado era por coimas desde la Iglesia. Más tarde, luego de uno de los pocos comunicados del Obispado, se desdijo. Para el 15 de septiembre, se conocieron los nuevos abogados: Paula Condrac (rafaelina de nacimiento), Guillermo Munné (participó como querellante del Caso Silvia Suppo) y Lorena Adorati (con estudio jurídico en nuestra ciudad), todos con amplios antecedentes en la defensa de los Derechos Humanos y de los derechos a la mujer.
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A poco menos de cumplirse tres meses, se dio uno de los momentos más tensos, desde que las autoridades de la escuela se habían encontrado con los padres. Vanesa aprovechó que el Obispo participaba del acto oficial de las fiestas patronales de Rafaela e increpó al hombre de la Iglesia.
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Pasó más de un mes de ese último hecho. De la causa judicial no se conoce nada. VíaRafaela intentó contactarse con el Dr. Muné, pero no recibió respuestas. Las fiscales del caso dejaron en claro que no darían declaraciones sobre el tema para evitar revictimizar a la niña, que ya cambió de Colegio. Rafaela necesita respuestas. Porque un monstruo puede estar recorriendo nuestras calles.
